El Gobierno de Nicaragua presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Puertos (Ley No. 838) con el objetivo de actualizar la estructura y el funcionamiento de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).
La iniciativa fue firmada por los Co-Presidentes de la República, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana; y busca fortalecer la gestión de los puertos del país, adecuando la legislación a los desafíos actuales tanto a nivel nacional como internacional.
La reforma se centra en modificar los artículos 27 y 29 de la ley, redefiniendo la composición de la Junta Directiva de la EPN y estableciendo reglas claras para su operación.
Con los cambios propuestos, la junta contará con seis cargos específicos, entre ellos el Presidente Ejecutivo de la EPN, quien también fungirá como presidente de la Junta, la Procuradora General de Justicia como vicepresidenta y representantes del Ministerio de Transporte e Infraestructura, la Fuerza Naval del Ejército, la Dirección General de Servicios Aduaneros y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Algunos literales de la normativa anterior serán eliminados para simplificar y modernizar la estructura administrativa.
Una mejor estructura organizativa de la EPN en Nicaragua
La reforma también establece disposiciones sobre la frecuencia de las reuniones de la Junta Directiva, el quórum necesario para sesionar y el mecanismo de toma de decisiones.
Las reuniones ordinarias se realizarán una vez al mes y podrán convocarse sesiones extraordinarias cuando las necesidades lo requieran. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, el presidente de la junta tendrá el voto decisorio.
La EPN es la entidad central afectada por esta reforma. Funciona como un ente público descentralizado y autónomo, adscrito a la Presidencia de la República de Nicaragua, y es responsable de administrar el Sistema Portuario Nacional Estatal.
La propuesta se fundamenta en la Constitución de Nicaragua y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo; destacando la necesidad de modernizar la normativa portuaria para garantizar una gestión ordenada y eficiente de los puertos.
El proyecto de reforma fue presentado a la Asamblea Nacional, y entrará en vigor únicamente una vez sea publicado en La Gaceta, Diario Oficial; completando así el proceso legal para su implementación.
