Bolivia enfrenta creciente tensión política tras aprobación de ley

Foto:Bolivia enfrenta creciente tensión política tras aprobación de ley/Cortesía
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1732, normativa que deroga la anterior Ley 1341 sobre Estados de Excepción y modifica las condiciones bajo las cuales el Ejecutivo puede declarar medidas extraordinarias en el país.

La nueva legislación fue aprobada por más de dos tercios del Senado y obtuvo el respaldo del 66 por ciento de la Cámara de Diputados. Su entrada en vigencia ocurre en medio de las protestas y bloqueos que desde hace cuatro semanas se desarrollan en distintas regiones bolivianas, donde sectores sociales exigen la renuncia del mandatario y rechazan las políticas económicas de su Gobierno.

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La derogada Ley 1341, vigente desde octubre de 2020, establecía restricciones para la participación de las Fuerzas Armadas durante protestas sociales y determinaba que los militares solo podían intervenir cuando la capacidad operativa de la Policía resultara insuficiente. Además, mantenía responsabilidades penales para miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en excesos o violaciones a derechos humanos.

Con la nueva normativa, el Gobierno podrá decretar estados de excepción bajo un marco diferente, situación que generó preocupación y críticas de sectores opositores, organizaciones sindicales y movimientos sociales, quienes consideran que la medida podría facilitar acciones represivas contra las movilizaciones.

Bolivia enfrenta creciente tensión política tras aprobación de ley

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Las protestas iniciaron en el departamento de La Paz y posteriormente se extendieron a otras regiones del país. Actualmente; organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB), sectores vinculados al expresidente Evo Morales; mineros, maestros y agrupaciones vecinales mantienen bloqueos en carreteras y manifestaciones en rechazo al plan económico gubernamental y a las medidas de ajuste.

Reportes nacionales indican que los manifestantes mantienen alrededor de 150 bloqueos en seis regiones bolivianas; provocando afectaciones en el transporte y en distintas actividades económicas. Mientras tanto; el Gobierno de Rodrigo Paz afirmó que solo aplicará un estado de excepción como último recurso si fracasan las negociaciones con los sectores movilizados.

Por su parte; la Central Obrera Boliviana manifestó disposición para dialogar con el Ejecutivo; aunque condicionó cualquier acercamiento a la liberación de personas detenidas durante recientes enfrentamientos y a la suspensión de órdenes de captura contra dirigentes sindicales.

TeleSur