Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que el Gobierno debe informar a determinados migrantes cuando pretende deportarlos a un tercer país y ofrecerles una oportunidad efectiva para cuestionar el traslado si alegan riesgo de persecución o tortura.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitió el fallo el 18 de septiembre de 2026 al resolver una demanda presentada por migrantes con órdenes finales de deportación. El caso cuestionó directrices adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2025 para facilitar expulsiones hacia países que no figuraban en las órdenes originales.
El panel, integrado por tres jueces, confirmó en lo esencial la decisión del Tribunal Federal de Massachusetts que exigía al DHS proporcionar un aviso efectivo sobre el país de destino y una oportunidad significativa para presentar objeciones basadas en posibles riesgos de persecución o tortura.
Además, mantuvo la conclusión de que las directrices impugnadas eran ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
EE. UU.: Tribunal protege a migrantes
La corte, sin embargo, anuló las declaraciones relacionadas con la obligación del Gobierno de seguir un orden específico para seleccionar el país de expulsión, al concluir que los demandantes no tenían legitimación constitucional para plantear esa cuestión.
El litigio comenzó en marzo de 2025, cuando varios migrantes denunciaron que las nuevas directrices permitían trasladarlos a terceros países sin una notificación suficiente para evaluar y cuestionar posibles riesgos.
El DHS había establecido procedimientos diferenciados según existieran o no garantías diplomáticas contra la persecución y la tortura.
La disputa había llegado previamente a la Corte Suprema, que permitió temporalmente la aplicación de la política mientras avanzaba el proceso judicial. El fallo del Primer Circuito mantiene abierta la posibilidad de nuevas revisiones ante tribunales superiores.
