La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará este lunes 16 de marzo al Congreso un Plan B de reforma electoral tras el rechazo de la iniciativa constitucional original.
La propuesta busca reducir los costos políticos, eliminar privilegios de los partidos y del Instituto Nacional Electoral (INE); y fortalecer la democracia participativa en el país.
Durante una conferencia de prensa el 12 de marzo, Sheinbaum subrayó que el plan contempla topes máximos de gasto para congresos locales, regidores y el Senado, con lo que se podrían recuperar 223 millones de dólares, recursos que serían destinados a atender necesidades ciudadanas.
La reforma original, que promovía la elección directa de diputaciones y senadurías plurinominales, fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada; pese a contar con 259 votos a favor frente a 234 en contra.
Sheinbaum envía nueva reforma tras rechazo
El nuevo marco legal amplía las consultas públicas sobre temas electorales y plantea que la revocación de mandato se realice durante el tercer o cuarto año del sexenio; consolidando el derecho de los ciudadanos a evaluar a sus gobernantes.
Sheinbaum afirmó que el Plan B refleja el mandato de la Cuarta Transformación, basado en honestidad y austeridad republicana; además, recalcó que la desaprobación inicial no representa una derrota, sino un compromiso de su Gobierno con la población. Por lo tanto, el plan busca garantizar transparencia y eficacia en la política mexicana.
“Entre las propuestas concretas, se mantiene la Cámara de Diputados con 500 miembros electos directamente; 300 por mayoría relativa y 200 distribuidos entre partidos y circunscripciones, incluyendo ocho para mexicanos en el extranjero. De hecho, esta distribución busca equilibrar representación y pluralidad.”
También se plantean cambios en el uso del espectro radioeléctrico durante campañas, regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots en redes sociales; buscando un proceso electoral más transparente y moderno.
Con este Plan B, el Gobierno mexicano reafirma su estrategia para democratizar las instituciones electorales y optimizar los recursos de los comicios a través de leyes secundarias.
