Bolivia y COB acuerdan nuevo decreto y ponen fin al conflicto por combustibles

Foto: Bolivia pone fin a las protestas /cortesía
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El Gobierno de Bolivia y los sindicatos de obreros y campesinos anunciaron este martes el fin del conflicto originado por la eliminación de la subvención a los combustibles, luego de la promulgación del decreto supremo 5516, que deroga la norma anterior (5503) y ratifica los acuerdos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB).

Aunque el nuevo decreto mantiene el ajuste de precios en los combustibles, se incorporaron medidas sociales acordadas con los sectores movilizados, incluyendo el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente 395 a 474 dólares); así como el aumento de bonos para estudiantes y adultos mayores. Estas disposiciones fueron negociadas el domingo entre representantes del Ejecutivo y dirigentes sindicales.

“El objetivo se ha logrado”, declaró el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; confirmando que con la promulgación del decreto y la abrogación del 5503 se suspenden inmediatamente todas las medidas de presión en el país.

Asimismo, las protestas, que incluían bloqueos de carreteras desde el martes pasado, comenzaron a levantarse progresivamente desde el domingo; retirándose este martes los últimos puntos de obstrucción en Cochabamba y Santa Cruz.

Foto: Bolivia pone fin a las protestas /cortesía
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Bolivia pone fin a las protestas

El decreto 5503, emitido en diciembre de 2025, había generado rechazo al establecer nuevos precios de gasolina y diésel con aumentos de hasta 162%; mientras que el 5516 mantiene los precios vigentes.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, destacó que el diálogo con más de 160 sectores sociales permitió conservar el fondo del decreto; incluyendo la eliminación de subvenciones, estabilidad social, arancel cero y reprogramación de deudas.

Según fuentes oficiales, la eliminación de la subvención genera un ahorro diario de 10 millones de dólares, destinados a políticas sociales; mientras que los movimientos sociales criticaron que la norma anterior abría la puerta a la privatización de recursos y empresas estatales, acusación que el Gobierno rechazó.

TeleSur