Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 y provocó daños en viviendas, centros educativos, carreteras, iglesias y edificios gubernamentales, mientras las autoridades desplegaron operativos de emergencia para atender a las comunidades afectadas. El presidente panameño, José Raúl Mulino, advirtió sobre la magnitud de la situación durante una visita a las zonas perjudicadas y aseguró que el Gobierno coordinaba asistencia para responder a las necesidades de la población. El balance oficial reportó al menos 27 personas con heridas leves y daños en más de 400 edificaciones, sin víctimas mortales hasta la noche del viernes.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 horas locales y tuvo su epicentro en La Pitaloza, un corregimiento rural de la provincia de Herrera, en el sur del país, cerca de la costa del océano Pacífico. El organismo estimó una profundidad de 12,6 kilómetros, una característica que puede aumentar los efectos de las sacudidas en la superficie. La intensidad del sismo se sintió en distintas regiones de Panamá y provocó evacuaciones preventivas en edificios residenciales, comerciales y gubernamentales.
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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que los daños alcanzaron diferentes tipos de infraestructuras. Entre las afectaciones contabilizadas figuraban 142 viviendas y 188 centros educativos, además de hospitales, iglesias, puentes, carreteras y dependencias gubernamentales. Las autoridades también reportaron interrupciones del servicio eléctrico y del suministro de agua en algunas localidades, mientras los equipos de emergencia realizaban inspecciones para determinar el estado de las construcciones. Las afectaciones materiales se extendieron por varias provincias y obligaron a reforzar las labores de evaluación y asistencia.
Una de las zonas que concentró la atención de las autoridades fue Penonomé, en la provincia de Coclé, donde se reportaron daños importantes en edificios públicos y otras estructuras. El presidente Mulino visitó el área acompañado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para supervisar los efectos del terremoto y coordinar la respuesta institucional. Durante su recorrido, el mandatario reconoció la gravedad de la emergencia y pidió a la ciudadanía conservar la calma, al tiempo que ordenó a los ministerios y organismos estatales movilizarse para atender a las personas perjudicadas.
Más de 80 réplicas mantienen en alerta a las autoridades

Después del movimiento principal, el Instituto de Geociencias de Panamá registró más de 80 réplicas, algunas de ellas perceptibles en diferentes puntos del territorio nacional. Entre estos eventos destacó un temblor de magnitud 6,6 ocurrido a las 15:25 horas locales en las inmediaciones de Río Grande, al sur del país, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que el terremoto estuvo relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná, una estructura geológica activa que puede liberar grandes cantidades de energía debido a la acumulación de tensión. Según el especialista, las señales sísmicas se propagaron por todo el territorio panameño, lo que explica que el movimiento fuera percibido en diversas regiones.
La sucesión de réplicas llevó a numerosas personas a permanecer fuera de sus viviendas por temor a nuevos daños. Algunos residentes reportaron grietas en sus casas y expresaron preocupación por la estabilidad de las estructuras. Las autoridades mantuvieron las inspecciones y las recomendaciones preventivas ante la posibilidad de que los movimientos posteriores agravaran los daños existentes.
Aeropuerto y transporte público suspendieron operaciones temporalmente
El terremoto también alteró durante algunas horas el funcionamiento de infraestructuras estratégicas. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente el tráfico aéreo, pero reanudó las operaciones después de las revisiones correspondientes. En la Ciudad de Panamá, las dos líneas del metro dejaron de funcionar de manera provisional como medida preventiva, mientras numerosos ciudadanos evacuaron edificios y se concentraron en las calles.
El Ministerio de Educación ordenó suspender las clases del horario vespertino para reducir los riesgos y facilitar las evaluaciones de los centros escolares. Asimismo, las interrupciones del suministro eléctrico y del servicio de agua afectaron a algunas comunidades, mientras las instituciones responsables trabajaban en la recuperación de los servicios básicos.
En contraste, las autoridades del Canal de Panamá informaron que la vía interoceánica continuaba operando con normalidad. El organismo identificó afectaciones menores en cuatro edificios de oficinas del sector Pacífico, sin repercusiones en el tránsito de buques. También se reportaron daños en tanques elevados de la planta de agua de Monte Esperanza, en la provincia de Colón.
Retiran alerta de tsunami y coordinan asistencia para los afectados

Tras el sismo, el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos emitió inicialmente una advertencia por la posibilidad de olas peligrosas, pero posteriormente retiró la alerta. Mientras tanto, el Gobierno panameño continuó coordinando acciones para atender a las comunidades con mayores daños y facilitar el acceso a los suministros necesarios.
Mulino agradeció las muestras de solidaridad de otros gobiernos y afirmó que su administración estaba organizando la ayuda disponible para responder a la emergencia. El mandatario también insistió en evitar la difusión de alarmas y desinformación que pudieran generar confusión entre la población.
El terremoto ocurrió tres días antes de la fecha prevista para un simulacro nacional de evacuación ante un gran sismo, una coincidencia que puso de relieve la importancia de los protocolos de prevención y respuesta. Con al menos 27 heridos leves, más de 400 edificaciones afectadas y decenas de réplicas registradas, Panamá enfrenta las tareas de evaluar los daños, restablecer servicios y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas, mientras los organismos especializados mantienen la vigilancia de la actividad sísmica.


















