Un informe del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados documentó denuncias de negligencia médica, problemas de acceso a servicios de salud y obstáculos para la defensa legal de personas migrantes detenidas en tres centros operados bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.
El estudio, titulado Un lugar de represión y tortura para los inmigrantes, recopiló testimonios y casos registrados entre enero y junio de 2026 y señaló que al menos 64 personas detenidas reportaron distintos tipos de abusos durante ese período. De acuerdo con la organización, la falta de supervisión dentro de las instalaciones dificulta que los detenidos puedan obtener asistencia cuando enfrentan problemas médicos o situaciones que requieren atención inmediata.
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Entre los señalamientos aparecen casos de atención médica presuntamente insuficiente, dificultades para acceder a especialistas y problemas con la correspondencia, una situación que, según el informe, puede interferir en los procesos judiciales de las personas bajo custodia migratoria.
La organización también cuestionó las condiciones de funcionamiento de los centros y responsabilizó a ICE y a la empresa penitenciaria CoreCivic, encargada de operar algunas de las instalaciones mencionadas en el reporte.
Denuncian abusos en centros de ICE
Uno de los casos citados corresponde a Emmanuel Damas, un ciudadano haitiano de 56 años que murió en marzo de 2026 mientras se encontraba detenido en el Complejo Correccional Central Arizona Florence. Según el informe, el hombre falleció en un hospital debido a complicaciones relacionadas con una infección dental que, de acuerdo con la denuncia, no habría recibido tratamiento durante su detención.
El reporte también recoge el caso de una mujer detenida en el centro de detención migratoria de Eloy, operado por CoreCivic, quien sufrió un aborto espontáneo mientras permanecía bajo custodia. Posteriormente, según su testimonio, enfrentó dificultades físicas y psicológicas y fue trasladada a aislamiento por motivos relacionados con su salud mental.
La situación de las mujeres embarazadas, en período posparto o de lactancia también forma parte de las denuncias. La Comisión para las Mujeres Refugiadas informó que, desde enero de 2025, ICE había detenido y deportado a cientos de mujeres pertenecientes a estas categorías y registró al menos 16 abortos espontáneos bajo custodia de la agencia durante ese período.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes sostienen que el embarazo requiere controles médicos periódicos y atención especializada, particularmente cuando existen factores que pueden aumentar los riesgos para la madre o el feto.
El informe sobre los centros de Arizona vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención de personas migrantes en Estados Unidos, especialmente en materia de atención médica, salud mental y acceso efectivo a recursos legales. Los casos documentados por las organizaciones forman parte de un debate más amplio sobre la supervisión de las instalaciones utilizadas por ICE y las condiciones en que permanecen las personas mientras se resuelven sus procedimientos migratorios.
