Diversas organizaciones de derechos humanos de Ecuador solicitaron la intervención de organismos internacionales para monitorear los efectos del Decreto Ejecutivo No. 424; firmado por el presidente Daniel Noboa, al considerar que la medida podría generar riesgos para las garantías democráticas y la protección de los derechos fundamentales en el país.
La petición fue dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a mecanismos especializados de las Naciones Unidas; con el objetivo de que requieran información técnica y jurídica al Estado ecuatoriano sobre el alcance y aplicación de la nueva disposición gubernamental.
Según la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el decreto profundiza el estado de excepción vigente en diez provincias y contempla la participación de fuerzas extranjeras en operaciones de seguridad relacionadas con el conflicto armado interno declarado por el Gobierno. La normativa también establece condiciones especiales para la actuación de estos grupos; aspecto que ha generado preocupación entre los defensores de derechos humanos.
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✅ Despligue de fuerzas extranjeras.
✅ Confirman asesinato de activista.
✅ Organizaciones cuestionan viaje de Noboa. pic.twitter.com/ouvYKATmp8
— teleSUR TV (@teleSURtv) June 20, 2026
Los colectivos firmantes señalaron que el decreto carece de detalles precisos sobre las funciones; límites operativos y mecanismos de supervisión aplicables a los denominados “Estados cooperantes”. Asimismo, expresaron inquietud por las disposiciones que podrían dificultar la determinación de responsabilidades en caso de eventuales violaciones de derechos humanos.
Organismos de Ecuador exigen respuestas a Noboa
Las organizaciones consideran que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales en cualquier estrategia de seguridad; especialmente en un contexto marcado por el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.
El anuncio del presidente Noboa contempla el despliegue de aproximadamente 13.000 soldados en cuatro provincias consideradas entre las más afectadas por la inseguridad. Según el mandatario; la medida busca fortalecer las capacidades del Estado mediante la cooperación con países aliados para enfrentar las estructuras criminales que operan en el territorio ecuatoriano.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una respuesta necesaria a la crisis de seguridad; los organismos de derechos humanos insisten en la importancia de establecer controles claros y además de garantizar el respeto al marco legal nacional e internacional.
