El Gobierno de Ecuador, mantiene un amplio despliegue militar y policial en nueve provincias del país como parte de su estrategia; para contener el avance del crimen organizado.
La medida incluye un toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 05:00 horas, vigente hasta el 18 de mayo; acompañado de allanamientos, patrullajes y controles en zonas de alta conflictividad.
Durante los primeros días de aplicación, las autoridades reportaron más de 500 detenidos por incumplir la restricción de movilidad; aunque no se ha precisado cuántos pertenecen a organizaciones criminales y cuántos son civiles detenidos en los operativos. Entre los delitos investigados se incluyen extorsión, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.
El ministro del Interior, John Reimberg, defendió la estrategia y aseguró que más de 80 de los detenidos tenían órdenes de captura vigentes; lo que respalda según el Gobierno la efectividad de las acciones de seguridad.
Ecuador bajo máxima tensión en frenar el crimen
Uno de los casos más relevantes fue la captura de tres presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos, vinculados a un atentado ocurrido en diciembre de 2024 en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, cuando aún estaba en construcción.
Sin embargo, la medida ha generado críticas debido a que se han registrado hechos violentos incluso durante el horario del toque de queda, lo que pone en duda su impacto real en la reducción de la criminalidad.
El toque de queda forma parte del estado de excepción vigente desde 2024, cuando el Ejecutivo declaró el conflicto armado interno para enfrentar a grupos criminales catalogados como terroristas.
Desde entonces, el país ha atravesado una creciente militarización y múltiples restricciones de movilidad.
Las cifras oficiales reflejan la gravedad del escenario: Ecuador cerró 2025 con más de 9.000 homicidios, la tasa más alta de su historia reciente, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizan más de 2.000 asesinatos, evidenciando la persistencia de la violencia y el enorme desafío en materia de seguridad.
