Mientras el Congreso argentino discutía una profunda reforma laboral, en las afueras del Senado se vivía una jornada marcada por la represión policial contra miles de personas que se movilizaron para expresar su rechazo al proyecto promovido por el presidente Javier Milei.
La manifestación terminó con un saldo de al menos 300 heridos, 31 detenidos y 70 personas demoradas; según distintos reportes.
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El operativo fue encabezado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, y contó con más de 800 efectivos. Las fuerzas utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
Organismos de derechos humanos denunciaron el uso de pistolas lanzagases y señalaron que la mayoría de los asistentes se concentraba de manera pacífica al momento de la intervención.
Represión en Argentina
Equipos sanitarios vinculados a organizaciones sociales y partidos de izquierda asistieron a más de 500 personas con lesiones de diversa consideración. También se denunciaron demoras masivas en la vía pública y episodios de persecución a la prensa, entre ellos agresiones con balas de goma a trabajadores de medios que cubrían la protesta.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificaron el despliegue como “injustificado” y remarcaron que incluso había grupos que ya se estaban retirando cuando comenzó la avanzada policial. Dirigentes sociales denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
El proyecto en debate habilita al empleador a introducir modificaciones unilaterales en las condiciones laborales. En caso de desacuerdo, el trabajador solo podría considerarse despedido sin causa, sin posibilidad de exigir la restitución de sus condiciones previas.
Además, la iniciativa busca reducir costos de despido y limitar medidas de protesta, estableciendo sanciones ante la ocupación de establecimientos y afectando la remuneración salarial de quienes participen en esas acciones.
