Mientras el Senado debate la polémica reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, el centro político de Argentina se convierte en epicentro de multitudinarias protestas.
En las inmediaciones del Congreso, sindicatos y organizaciones sociales se concentran para rechazar una iniciativa que; según denuncian, implica un retroceso en los derechos laborales conquistados durante décadas.
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La jornada estuvo marcada por momentos de tensión cuando efectivos de seguridad avanzaron con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La CGT, la CTA y distintos movimientos territoriales encabezaron las movilizaciones en la capital y en varias provincias de Argentina; señalando que el proyecto oficial abre la puerta a la precarización laboral y debilita las garantías de los trabajadores.
Reforma laboral en Argentina
En Córdoba, docentes nucleados en la UEPC intentaron marchar en el Puente Centenario, sobre el río Suquía; pero se encontraron con un fuerte operativo de la Infantería provincial.
Según denunciaron referentes sindicales, la protesta comenzó bajo estrictos controles y vallados. Horas después, se produjo la represión con el uso de gas y la detención de al menos tres docentes; Nahuel Rodríguez, Ignacio Meneses y Victoria Marconetto. Desde la Asociación de Educadores exigieron su inmediata liberación y reclamaron explicaciones a las autoridades provinciales, postura respaldada por la conducción central del gremio.
📌Miles de argentinos se movilizan frente al Congreso de la Nación #BuenosAires en oposición a la reforma laboral que se está debatiendo en el Senado de la Nación Argentina. pic.twitter.com/NFB62nUOuO
— teleSUR TV (@teleSURtv) February 11, 2026
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro nacional que impacta en vuelos, puertos y parte del sistema ferroviario. El oficialismo, por su parte, busca asegurar los votos necesarios para aprobar la iniciativa, que ya incorpora 28 modificaciones negociadas con bloques opositores como el PRO y la UCR.
El Gobierno sostiene que la reforma es clave para profundizar la desregulación económica iniciada en Argentina tras la aprobación de la Ley de Bases en 2024, mientras la conflictividad social continúa en ascenso.
