El juez de audiencia penal local de Siuna, Elder Calderón Rivera, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra Jorlin Lizbeth Soza Rivera y María Elba Rivera Montoya por hecho de un homicidio ocurrido en Rosita que dejo como resultado una persona fallecida.
La fiscal Izamar Martínez Jarquín calificó preliminarmente la causa atribuyendo a Soza Rivera la presunta autoría del delito de homicidio, mientras que a Rivera Montoya se le señala como cooperadora necesaria. Las afectadas en el caso son Oneyda Yasmina Gonzales Peralta, quien falleció, y Kendi Valeska Figueroa Castro.
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De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el área de comidas de la terminal de buses de Rosita. Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, Jorlin Soza y Kendi Figueroa sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una pelea.
En medio del altercado intervino María Rivera, quien presuntamente intentó atacar a Figueroa con un cuchillo. La acusación señala que realizó diez lanzamientos con el arma blanca: tres dirigidos al abdomen, seis al brazo izquierdo y uno al pecho, sin lograr impactarla.
Homicidio en Rosita: giran captura contra prófuga
Posteriormente, siempre según la versión de la Fiscalía, Rivera entregó el cuchillo a Soza y la instó a atacar a Figueroa. Cuando Soza colocó el arma en el abdomen de la víctima, Oneyda Gonzales intervino para protegerla, sujetando el antebrazo de la agresora y pidiéndole que desistiera.
La acusación sostiene que, molesta por la intervención de Gonzales; Soza le provocó una herida mortal que desencadenó una hemorragia masiva; causándole la muerte. Tras el hecho, la señalada abandonó el lugar llevando consigo el cuchillo en su bolso.
Ante esta situación, la autoridad judicial ordenó emitir una orden de captura contra Jorlin Lizbeth Soza Rivera, quien continúa prófuga. Asimismo, programó la audiencia inicial para el próximo 29 de junio de 2026 a la 1:00 de la tarde en la Sala Número Tres del Complejo Judicial de Siuna.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, sustentando su petición en declaraciones de testigos, informes del investigador policial; testimonios de la jefa de la delegación policial de Rosita y peritajes médico-forenses. Por su parte, la Defensoría Pública pidió únicamente la realización de una valoración médica para María Rivera Montoya.
