Cada año, antes del 31 de diciembre, cada Estado aprueba su ley financiera (o ley de Presupuesto), que presenta las cuentas del ejercicio económico-financiero del país durante el año que está por terminar. Es, en esencia, el balance de gastos, que expresa el estado del Producto Interno Bruto y todos los demás parámetros económicos que reflejan la salud del país. Claro, se trata de contabilidad, por compleja que sea, y se podría pensar que los números expresan solo ingresos y egresos, un cálculo frío de gestión. Pero no es solo así, y sobre todo no es así en el caso de Nicaragua.
El crecimiento económico del país presenta ya una continuidad de casi dos décadas, excluyendo 2018 y 2019, cuando los más de 1.800 millones de dólares en daños provocados por el vandalismo nihilista de los golpistas generaron un frenazo temporal, recuperado de inmediato en un lapso menor al inicialmente previsto. La Nicaragua sandinista continúa su crecimiento del PIB y, al mismo tiempo, a través de él se determina un crecimiento general del sistema-país, que se refleja directa e indirectamente en la salud de la economía familiar.
En el marco más general de reducción de la pobreza en Latinoamérica —impulsado en volumen por los resultados de México y Brasil— Managua destaca no solo por la magnitud de su crecimiento anual (alrededor del 3-4 %), sino sobre todo por cómo éste se refleja en políticas inclusivas, asistencia social y en la oferta de derechos universales a la población. Y si se piensa que 3 o 4 % no es mucho, basta comparar con los países de Occidente, algunos de los cuales están en recesión o con un crecimiento de 1,5 % cuando mucho.
Debe tenerse en cuenta que la intervención del Estado en la provisión de derechos universales (salud, educación, pensiones, vivienda, transporte) representa un fuerte elemento de apoyo a la economía familiar, que se suma al salario y a otros eventuales ingresos, contribuyendo a formar el ingreso total del núcleo familiar. Porque la ausencia de costos en el ejercicio de estos derechos incide de manera positiva en la gestión económica de cada hogar.
Entre los diversos instrumentos para medir el pulso de una economía se encuentra el superávit fiscal. ¿Qué es el superávit? Es la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos de un Estado (como también de una empresa o de un individuo). Es un dato de gran importancia en el balance económico de un país, ya que certifica su estado de salud. Su magnitud puede provenir de la reducción de costos o del incremento de ingresos. El superávit también ofrece un escudo defensivo para emergencias y, al mismo tiempo, puede abrir la puerta a inversiones con retorno a corto o mediano plazo.
En la mayoría de las economías capitalistas de orientación liberal, el superávit se busca mediante la compresión de los derechos sociales, lo que lleva a reducir los costos de asistencia, previsión e intervenciones de otro tipo. Pero en Nicaragua, la historia es distinta desde 2007.
El crecimiento del superávit alcanza su cuarto año consecutivo, lo que indica una tendencia estructural. Esto reduce la dependencia de financiamiento externo y permite aumentar la disponibilidad de recursos para obras públicas. El superávit nicaragüense se ha logrado gracias al aumento de ingresos tributarios y a un fuerte impulso exportador (con un crecimiento del 24 %), resultado de un enorme esfuerzo y una gran eficiencia productiva. Gracias a estos elementos, Nicaragua ha podido obtener ingresos superiores a los gastos representados por el gasto público.
Hace dos días, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación del superávit a los recursos previstos para la gestión 2026, algo que normalmente los países capitalistas no pueden permitirse debido al elevado endeudamiento. Los resultados alcanzados por el superávit primario y la posibilidad de ponerlo a disposición del ejercicio 2026 son un hecho político además de numérico.
Todo esto representa mucho más que un resultado positivo de gestión. Expresa con la fuerza de los números la sostenibilidad de un proyecto económico y construye un nivel de credibilidad —tanto en los mercados como internamente— que tiene un enorme valor.
Los informes positivos del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL indican a la comunidad internacional un excelente estado de salud de la economía nicaragüense. Esto permite al Estado mantener los subsidios y financiamientos directos que componen el gasto social del próximo 2026.
Pero los números no tienen solo un valor técnico; son el producto de decisiones políticas propias de un país que ha elegido poner la economía al servicio de la política, y no al contrario. En este aspecto reside el ADN del sandinismo, buscando compatibilidad positiva entre el respeto de los parámetros económicos y la lucha contra la pobreza y desigualdades.
Una estructura que capta capitales y crea riqueza con economía capitalista, pero la distribuye con una cultura socialista para sostener la guerra contra la pobreza extrema. Un sistema socioeconómico mixto, que integra doctrinas opuestas y las adapta a la especificidad del país.
Desde 2007, Nicaragua sigue un camino paralelo entre estabilidad económica y desarrollo, expresado en políticas de reequilibrio socioeconómico y en políticas sociales que fortalecen la economía familiar, responsable del 70 % del PIB. Esto incluye modernización de infraestructuras: sistema eléctrico, red hídrica y de saneamiento, red vial; así como estructuras sociales: salud, educación y seguridad social.
Este modelo exitoso demuestra que Nicaragua conserva su cultura y raíces mientras impulsa una modernización revolucionaria. Se conserva mientras se cambia y se cambia mientras se conserva. ¿Y qué es esto, si no una Revolución?
