El Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) de Nicaragua reportó la atención y el seguimiento de casos de cobro internacional de pensiones alimenticias y sustracción internacional que beneficiaron a 28 niños, con procesos vinculados a Estados Unidos, España y Honduras.
El dato corresponde al informe de acciones de atención integral, protección y acompañamiento familiar realizadas entre el 23 y el 25 de octubre. Sin embargo, la institución no detalló cuántos de los casos corresponden al cobro de pensiones alimenticias y cuántos están relacionados con sustracción internacional de menores.
En Nicaragua, las familias cuentan con un mecanismo de cooperación internacional para gestionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando el progenitor responsable reside en otro país.
De acuerdo con información publicada por el Poder Judicial de Nicaragua, el Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos establece un sistema de cooperación entre las autoridades de los países participantes. Su finalidad es facilitar la presentación de solicitudes, el reconocimiento de resoluciones y su ejecución en el extranjero.
El Ministerio de la Familia actúa como autoridad central de Nicaragua para estos procedimientos, por lo que puede transmitir y recibir solicitudes y facilitar las gestiones ante las autoridades del país donde se encuentra el obligado al pago.
¿Cómo funciona el cobro internacional de pensiones alimenticias?
Cuando uno de los progenitores vive fuera de Nicaragua y no cumple con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, la vía internacional puede permitir gestionar el cobro en el país donde reside.
Según las explicaciones del Poder Judicial, este mecanismo contempla tanto el reconocimiento y la ejecución de resoluciones existentes como la posibilidad de presentar solicitudes para obtener una decisión sobre la obligación alimentaria, de acuerdo con las condiciones aplicables.
El procedimiento requiere la cooperación de las autoridades de ambos países. La solicitud se tramita mediante las instituciones competentes y el país requerido aplica las normas que correspondan para gestionar el cumplimiento de la obligación.
El convenio también contempla acciones de apoyo para localizar al deudor, obtener información pertinente sobre sus ingresos y facilitar el pago de las pensiones, incluidos los montos atrasados.
