La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley que adscribe la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ); reforma que busca el reordenamiento de la estructura del sector minero en el país.
La decisión implica que la Dirección General de Minas deja de estar bajo el Ministerio de Energía y pasa a integrarse a la PGJ, específicamente a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, reforzando el control, la supervisión y la aplicación de la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas.
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La nueva disposición establece que la Dirección de Minas será la encargada de administrar concesiones y licencias, coordinar el catastro minero y tramitar solicitudes, así como suspender o cancelar permisos cuando se incumplan las normas técnicas y ambientales establecidas por MARENA.
También se fijaron plazos para que las autoridades de la Costa Caribe emitan sus opiniones sobre concesiones mineras y para la entrega de autorizaciones ambientales; con el propósito de evitar retrasos en los procesos.
La ley contempla, además, el traspaso de recursos, bienes, equipos y presupuesto desde el Ministerio de Energía hacia la PGJ para garantizar la operatividad de la nueva estructura.
Con esta reforma, el Estado reorganiza la administración del sector minero, trasladando su control a la Procuraduría General de Justicia. La medida marca un cambio en la estructura institucional que regula la exploración y explotación de minas en el país.
