Desde el plenario de la Asamblea Nacional fueron aprobadas, en segunda legislatura, las reformas parciales a la Constitución Política de la República de Nicaragua, relacionadas con los artículos 23 y 25 sobre la nacionalidad; así como con los artículos 132, 159 y 160, vinculados al fortalecimiento del marco institucional para el combate a la corrupción.
Con esta aprobación definitiva, las reformas entran en plena vigencia y pasan a ser de obligatorio cumplimiento para su funcionamiento dentro de las distintas instituciones y organizaciones del Estado.
En el caso de la reforma a los artículos 23 y 25, el Parlamento estableció que los extranjeros que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su nacionalidad de origen; con excepción de los ciudadanos centroamericanos.
“La nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad. Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título; sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación”; detalló la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Raquel Dixon.
Contra la corrupción en Nicaragua
De igual forma, el plenario aprobó las reformas constitucionales orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción. Estas reformas permiten la creación y consolidación de la Procuraduría General de Justicia.
Además, en esta instancia se articulan los esfuerzos institucionales de Nicaragua para identificar, perseguir, procesar y sancionar actos de corrupción que atenten contra los intereses del pueblo nicaragüense.
“Por lo tanto, de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes que rigen el Estado nicaragüense, que es del Pueblo, se crea la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua. ¡TOD@S CONTRA LA CORRUPCIÓN! El Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá, de ninguna manera, disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo; para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo del erario. Y los patrimonios del pueblo nicaragüense”, detalló Alejandro Mejía, tercer secretario de la Asamblea Nacional.
Finalmente, con esta aprobación en segunda legislatura, las reformas quedan firmes y pasan a formar parte del marco constitucional de Nicaragua. De esta forma, se fortalece el funcionamiento del Estado y consolidando los mecanismos legales para la defensa de la soberanía nacional y la lucha permanente contra la corrupción.
