La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dictaminado una reforma clave a la Ley N°. 822, introduciendo una transformación estructural en la forma en que el Estado aplica los impuestos a las bebidas alcohólicas, licores, cervezas y bebidas azucaradas.
Esta medida busca establecer un sistema de recaudación más preciso y ordenado, ajustando la base imponible hacia los primeros eslabones de la cadena de comercialización.
Un nuevo esquema para el alcohol y las bebidas gaseadas en Nicaragua
El cambio fundamental radica en que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ahora se calculan sobre el precio de venta al distribuidor mayorista. Este giro elimina la complejidad de basar los tributos en el precio final al detallista para la producción nacional.
En el caso de los productos que ingresan desde el exterior; la base será el valor en aduana más los derechos e impuestos correspondientes.
Nicaragua aplica cambio clave en impuestos a licores
Para las bebidas de mayor graduación y el alcohol etílico, la reforma establece una cuota específica calculada por cada litro de alcohol puro.
Según el dictamen, esta metodología permite una tributación más proporcional a la naturaleza del producto; lo que además de facilitar la fiscalización en Nicaragua, se presenta como una medida alineada con las políticas de salud pública al gravar de manera específica el contenido alcohólico y los azúcares en las bebidas gaseadas.
Beneficios para la canasta básica y alimentos importados
Así mismo, más allá de los ajustes en el sector de bebidas; la reforma contempla una reducción significativa de la carga fiscal para diversos alimentos esenciales.
Además, se ha establecido una alícuota del 0% de ISC para una lista seleccionada de productos importados; entre los que destacan el pavo, manzanas, uvas, peras y distintas variedades de nueces y frutos secos.
Esta exoneración tiene como objetivo directo proteger el poder adquisitivo de la población y diversificar la oferta alimentaria sin que esto represente un costo adicional por impuestos selectivos para las familias. Al eliminar estos aranceles, se facilita el acceso a productos que complementan la dieta nacional y se alivia la presión sobre los precios en el mercado local.
Estabilidad operativa y laboral
Desde el punto de vista económico, la centralización de la base imponible en el nivel del distribuidor otorga una mayor seguridad jurídica a las empresas del sector.
Igualmente, al contar con reglas de cálculo más claras y directas, se reduce el riesgo de inconsistencias contables y se permite una planificación financiera a largo plazo.
De esta forma, la previsibilidad es vital para el ecosistema comercial de Nicaragua; ya que garantiza que las empresas distribuidoras mantengan su ritmo operativo sin las interrupciones que genera la incertidumbre fiscal.
De manera indirecta, esta estabilidad en las reglas del juego asegura que las estructuras laborales y los miles de empleos que dependen de la logística, distribución y venta de estos productos se mantengan sólidos; consolidando la permanencia de las inversiones en el país.
