Agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales, alertaron este martes sobre las graves consecuencias de la decisión del Gobierno israelí de retirar las licencias a ONG que operan en la Franja de Gaza; advirtiendo que podría generar un impacto catastrófico para la población civil del enclave.
En un comunicado conjunto, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); señaló que la exclusión de estas organizaciones amenaza la vida de los palestinos, especialmente durante la temporada invernal.
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Asimismo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu canceló las licencias de 37 ONG humanitarias, incluyendo Médicos Sin Fronteras (MSF); justificando la medida para evitar posibles vínculos de su personal con “actividades terroristas”.
Entre los requisitos impuestos para mantener la operación, se incluye la descalificación de organizaciones que apoyen boicots a Israel o se pronuncien en tribunales internacionales contra funcionarios israelíes.

Crisis en Gaza
Además, se exige a las ONG entregar listas de empleados; lo que ha sido rechazado por temor a que los trabajadores palestinos sean atacados. Más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados en el pasado y se destacan las leyes europeas de protección de datos como otro motivo de rechazo.
También, las agencias de la ONU destacaron que estas organizaciones sostienen hospitales de campaña, centros de atención primaria, servicios de agua y saneamiento; refugios de emergencia y programas de nutrición infantil.
La suspensión de operaciones podría cerrar uno de cada tres centros de salud y paralizar los cinco centros de estabilización nutricional, vitales para tratar la desnutrición grave.
El comisionado general de la Agencia de la #ONU para los Refugiados Palestinos (#UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó como “indignante” la votación del parlamento israelí que aprobó una nueva legislación contra la oficina humanitaria.https://t.co/RTFzJZY3Ju
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 30, 2025
Finalmente, el Comisionado de UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó la nueva ley de la Knéset como “indignante”; pues retira la inmunidad diplomática, autoriza cortes de suministros esenciales y permite la expropiación de propiedades de la ONU, violando el derecho internacional y afectando el sistema multilateral.


















