El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó que 72.000 inmigrantes irregulares ingresaron al enclave español de Ceuta desde Marruecos a finales de julio; una situación que generó una fuerte reacción diplomática dentro de la Unión Europea (UE).
Durante una reunión con sus homólogos europeos, el funcionario detalló que cerca de 70.000 personas ya abandonaron Ceuta y regresaron a territorio marroquí; desmintiendo versiones difundidas en redes sociales que señalaban que los migrantes que llegaron por vía marítima no estaban siendo retornados.
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La magnitud del ingreso provocó preocupación entre varios países miembros de la UE. 22 gobiernos europeos enviaron una carta a la Comisión Europea para solicitar a España un mayor control de sus fronteras exteriores; consideradas puntos estratégicos de entrada al bloque comunitario.
Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reforzar la vigilancia en las zonas consideradas críticas, incluso mediante la instalación de barreras físicas si fuera necesario.
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La crisis migratoria también generó tensiones internas dentro del espacio Schengen. Algunos países plantearon medidas más estrictas e incluso la posibilidad de suspender temporalmente la participación de España en el área de libre circulación.
Italia aplicó controles adicionales marítimos y aéreos; mientras que otras naciones europeas evaluaron acciones similares.
Además, ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África y fronteriza con Marruecos, se convirtió nuevamente en el centro del debate migratorio europeo; poniendo sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles fronterizos y definir una respuesta conjunta entre los Estados miembros.
El episodio aumenta la presión sobre Madrid; que busca equilibrar la gestión humanitaria del fenómeno migratorio con las exigencias de sus socios europeos para fortalecer la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
