Un tribunal federal de Estados Unidos autorizó el uso de fondos vinculados al Estado venezolano para financiar la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores en el proceso judicial que enfrentan en Nueva York, en una decisión que introduce un nuevo elemento dentro del esquema de sanciones económicas impuesto por Washington.
La resolución fue emitida por el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de que el equipo legal de los acusados advirtiera que no podía continuar con la representación debido a la imposibilidad de acceder a sus honorarios. Esta limitación se debía al bloqueo de activos venezolanos ejecutado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo que generó un obstáculo directo para garantizar el derecho a la defensa.
Durante las audiencias preliminares, la defensa sostuvo que las sanciones económicas impedían el ejercicio pleno de derechos constitucionales, especialmente el acceso a representación legal adecuada. En contraste, la fiscalía defendió la legalidad de las restricciones; en un proceso que ha puesto en evidencia la tensión entre las medidas coercitivas unilaterales y las garantías judiciales dentro del sistema estadounidense.
El caso se origina tras la operación ejecutada el 3 de enero de 2026, cuando autoridades de Estados Unidos trasladaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores a territorio norteamericano. Este hecho ha generado cuestionamientos por parte de distintos sectores internacionales; que lo consideran una posible violación del derecho internacional al involucrar la captura de un jefe de Estado en funciones.
Tribunal autoriza fondos para defensa de Maduro
La reciente decisión del tribunal busca asegurar la continuidad del proceso judicial, permitiendo que los acusados cuenten con defensa legal efectiva.
Analistas consideran que esta medida podría sentar precedentes relevantes, tanto en la aplicación de sanciones como en el respeto a los derechos procesales. Asimismo, se interpreta como una señal de las contradicciones internas que pueden surgir dentro de los regímenes de sanciones cuando estos interfieren con principios fundamentales del sistema judicial.
Abogados del presidente Maduro exigen desestimar cargos tras la revocación inexplicable de la licencia que permitía a Venezuela financiar su defensa legal. Esto ocurre mientras Washington autorizaba otros contratos comerciales con Caracas.
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— teleSUR TV (@teleSURtv) March 20, 2026
Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas audiencias, mientras el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y jurídico internacional.
