El estado de California presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar la reactivación de dos oleoductos autorizada mediante una orden federal que; según las autoridades estatales, ignora las regulaciones ambientales vigentes .
El fiscal general Rob Bonta afirmó que la decisión del secretario de Energía, Chris Wright, permite a la empresa Sable Offshore Corp. retomar operaciones en el sistema Las Flores sin cumplir con estándares impuestos tras el derrame ocurrido en 2015 cerca de Santa Bárbara.
La medida se apoya en la Ley de Producción de Defensa para priorizar el suministro energético nacional en medio de tensiones internacionales vinculadas al conflicto con Irán. Sin embargo; Bonta sostiene que esta decisión vulnera la autoridad estatal y desacata fallos judiciales previos.
El derrame en Refugio State Beach liberó cientos de miles de galones de crudo, contaminó aguas costeras; afectó la fauna marina y obligó al cierre prolongado de playas, siendo considerado uno de los peores desastres ecológicos en la costa californiana en décadas. Desde entonces, el oleoducto CA-324 opera bajo estrictas inspecciones y estándares de seguridad reforzados.
Donald Trump cada día entra en una mayor desesperación frente a los conflictos en los que ha comprometido a los Estados Unidos de América en el mundo.
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— teleSUR TV (@teleSURtv) March 23, 2026
Conflicto energético: California desafía orden de Trump
En primer lugar, en su denuncia, el fiscal acusó a la Casa Blanca y a la compañía de actuar de forma “desesperada” para eludir la ley en busca de beneficios corporativos. Asimismo, señaló que esta decisión podría debilitar la autoridad estatal y afectar el cumplimiento de fallos judiciales previos.
Por su parte, Wright defendió la orden firmada el 13 de marzo y aseguró que fortalecerá el suministro energético nacional. Además, sostuvo que la medida permitirá garantizar combustible para instalaciones militares en la Costa Oeste. En consecuencia, argumentó que la decisión responde a necesidades estratégicas vinculadas a la seguridad y defensa del país.
Tras el anuncio, las acciones de Sable Offshore registraron un alza cercana al 10 %, reflejando el impacto económico inmediato de la medida. El caso podría definir el alcance del poder federal frente a la autonomía ambiental de los estados.
