Las tensiones en Mineápolis, Minnesota, escalaron este jueves luego de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección de 1807 si las autoridades demócratas no controlan lo que calificó como “agitadores” enfrentando a agentes del ICE.
El anuncio se da en un contexto de violencia, rechazo de las autoridades locales y creciente indignación de la ciudadanía frente a la actuación de las fuerzas federales contra la comunidad inmigrante.
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El despliegue de agentes, ordenado por el Gobierno Federal, ha sido resistido por el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, y ya dejó víctimas; una mujer de 37 años, Renee Good, murió tras recibir disparos de un agente, mientras otro hombre resultó herido en la pierna.
Estos incidentes aumentan las críticas hacia la presencia federal en un territorio que, según las autoridades locales, debería ser gestionado por la policía municipal.
Tensión en Mineápolis
Las operaciones del ICE incluyen patrullajes, registros y arrestos en domicilios de inmigrantes indocumentados; así como la revisión de casos de refugiados aprobados en años recientes, generando temor en comunidades vulnerables.
Las protestas ciudadanas en la ciudad derivaron en enfrentamientos con agentes, que emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras; mientras algunos manifestantes respondieron con fuegos artificiales. Un niño de seis meses resultó hospitalizado tras inhalar químicos lanzados a la furgoneta donde estaba con su familia.
📹🇺🇸 | Ciudadanos estadounidenses se manifiestan en contra de los asesinatos perpetrados por el #ICE. El rechazo al Gobierno de Donald Trump alcanza ya un 57%.
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— teleSUR TV (@teleSURtv) January 14, 2026
Ante la presión social, Frey y Walz exigieron el retiro de los federales, pero la Casa Blanca envió más agentes, agravando la crisis. Frey calificó la situación de “insostenible”; señalando que unos 3.000 efectivos federales operan frente a apenas 600 policías municipales.
La amenaza de Trump de aplicar la Ley de Insurrección, que permite desplegar al Ejército ante desórdenes civiles; agrega un riesgo de militarización y posibles confrontaciones mayores entre ciudadanos y el Gobierno Federal.
