En una evidente violación del derecho internacional, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un nuevo episodio de piratería en el Caribe, con el robo del buque petrolero Verónica, vinculado a Venezuela y señalado por Washington de incumplir el bloqueo unilateral impuesto al crudo venezolano.
Mediante un comunicado en X, el organismo militar aseguró que el Verónica es el más reciente de los barcos que operaban “desafiando la cuarentena” decretada por el presidente Donald Trump; y que la acción confirma la efectividad de la Operación Lanza del Sur.
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Según el Comando Sur, la operación fue ejecutada por el Departamento de Guerra en coordinación con la Guardia Costera, articulando los esfuerzos de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia.
Se indicó que infantes de marina y personal naval de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur partieron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford; mientras que la operación recibió apoyo del Grupo Anfibio de la Armada, con la participación de los buques USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) y USS Fort Lauderdale (LPD 28); descritos como “letales y permanentemente listos para el combate”.
Nueva agresión de Estados Unidos
El comunicado afirmó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel coordinado de manera adecuada y legal”; lo que evidencia la pretensión de Washington de controlar los recursos de un país soberano.
Estas acciones, realizadas fuera de todo marco legal internacional y sin amenaza real a EE. UU.; muestran una política de carácter imperialista, basada en la ocupación militar de aguas ajenas y el uso de la fuerza para imponer un bloqueo unilateral.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
El secuestro del Verónica ocurre en un contexto de creciente tensión regional, tras agresiones militares que incluyeron el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa; y acusaciones infundadas de narcotráfico, pese a que organismos internacionales han reconocido a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos y con estrictas leyes anti-narcóticos.
