Mary Tracy Morrison, directora de un centro educativo en Arkansas, EE.UU. fue declarada culpable por un tribunal tras ser señalada como responsable de permitir abuso infantil y contribuir a la delincuencia de menores.
El caso ha generado indignación en la comunidad educativa luego de que se revelaran detalles sobre la participación activa de la funcionaria en hechos de violencia dentro de la institución.
De acuerdo con reportes de medios locales, a Morrison, de 51 años; se le condenó a 30 días de cárcel y a 108 meses de libertad condicional.
La investigación inició en abril del año pasado, cuando la madre de un estudiante de 13 años, diagnosticado con autismo, denunció que su hijo había sido víctima de maltrato físico y psicológico en el centro especializado donde estudiaba.
🚨 Arkansas “Child Fight Club” Case:
Mary Tracy Morrison Sentenced, 3 Employees Also Charged
Mary Tracy Morrison, 51, owner/director of The Delta Institute for the Developing Brain & Engage program in Jonesboro, AR, pleaded guilty to permitting child abuse + contributing to… pic.twitter.com/tge5Z8L9oH
— Real Crimes (@Real_Crimes) May 5, 2026
Cárcel para directora que ordenó golpear a menor autista
Las autoridades recopilaron material audiovisual que resultó clave para el proceso judicial. En las imágenes se observa a la directora organizando a un grupo de 18 estudiantes en círculo, incitándolos a agredir a la víctima.
Durante el episodio, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, el menor fue golpeado, pateado e incluso estrangulado por otro alumno; mientras Morrison lo insultaba y alentaba la violencia.
Uno de los aspectos que más ha impactado es que, tras la agresión, la directora recompensó a uno de los estudiantes involucrados con un gesto de aprobación. Este comportamiento se mostró determinante para que las autoridades calificaran a Morrison como la principal responsable de un “club de peleas” improvisado dentro del centro educativo.
Además, otros tres empleados del lugar también quedaron arrestados en relación con el caso. Las autoridades continúan investigando posibles responsabilidades adicionales, mientras la comunidad exige mayores controles y protección para los estudiantes más vulnerables.
