El Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial de España, suspendió por unanimidad el referendo separatista convocado por la región de Cataluña el 9 de noviembre. La medida deja al gobierno catalán sin cobertura legal para organizar el plebiscito.
El pleno del Alto Tribunal, formado por 12 magistrados, se reunió el lunes con carácter extraordinario y admitió a trámite sendos recursos de inconstitucionalidad contra la convocatoria catalana presentados por el gobierno horas antes. La decisión de los jueces suspende cautelarmente la consulta durante cinco meses.
Si el Constitucional no adopta una resolución firme sobre su legalidad en ese plazo, la suspensión se puede prorrogar. Este escenario era el desenlace previsible de uno de los mayores conflictos territoriales vividos en España en los últimos tiempos.
Desde que en 2012 las autoridades catalanas plantearon la posibilidad de un referendo para separarse del resto del país, el gobierno nacional siempre respondió que no lo permitiría. El gobierno catalán ya ha empezado a publicitar el plebiscito entre los 5 millones de votantes llamados teóricamente a participar.
La consulta catalana, a diferencia de la celebrada recientemente en Escocia, plantea una doble pregunta. La primera sería «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?», sin especificar qué tipo o si dentro o fuera de España. Solo la respuesta afirmativa permitiría contestar un segundo interrogante: «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?».
Una amplia mayoría de catalanes apoya la celebración de un referendo, pero las encuestas reflejan un empate entre los que quieren la independencia y los que desean permanecer en España. El porcentaje de apoyo se reduce si la eventual independencia conlleva la salida de la Unión Europea, tal y como ha advertido Bruselas que ocurrirá.
MADRID (AP)
