La justicia colombiana marcó un hito este lunes 28 de julio al declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en enfrentar una condena penal. La jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Uribe instruyó a su abogado, Diego Cadena, para manipular testimonios de exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, con el fin de desacreditar las acusaciones en su contra, en un proceso judicial que se prolongó por más de 13 años.
Aunque inicialmente se le imputaron tres cargos, la jueza absolvió a Uribe del soborno simple, mientras confirmó su culpabilidad en los demás delitos por considerar que “sabía lo ilícito de su actuar”; Esta decisión representa un golpe significativo para su legado político y su partido, el Centro Democrático. La lectura de la sentencia completa está prevista para el 1 de agosto, aunque ya se anuncia la posibilidad de prisión domiciliaria debido a que las penas no superarían los ocho años.
La condena ha generado una división en el país: mientras algunos sectores saludan la decisión como una victoria de la justicia; otros la consideran una persecución política. Diversos políticos y analistas advierten que una condena o absolución podría fortalecer las narrativas de victimización o legitimidad del uribismo a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026.
En contexto, el caso surgió en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero más tarde; la investigación se volcó contra él y su equipo legal, especialmente por el uso irregular de grabaciones, pagos y visitas en cárceles para alterar declaraciones. La jueza Heredia enfatizó que el proceso judicial actuó con independencia y rigor, y aseguró que “la justicia no se arrodilla ante el poder”.
