La operación policial realizada el martes en Río de Janeiro se convirtió en la más letal en la historia de la ciudad brasileña. Según informó la Defensoría Pública regional, el saldo ascendió a 132 muertos, entre ellos cuatro agentes. La entidad actualizó la cifra tras las denuncias de habitantes que buscaron a familiares desaparecidos en las zonas afectadas.
Vecinos de las favelas, principalmente del complejo de la Penha, se organizaron para localizar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos de ellos colocaron los cadáveres en una plaza para facilitar su identificación. Desde la madrugada del miércoles, funcionarios de la Defensoría acompañan las búsquedas y asisten en los institutos forenses.
La Defensoría Pública también informó que recopiló testimonios de testigos y familiares para contribuir a una respuesta institucional frente a lo que calificó como una violencia estatal sin precedentes. La institución exigió una investigación independiente que aclare las causas de la masacre y determine responsabilidades por los hechos.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, declaró en rueda de prensa que, de momento, el Gobierno solo tiene confirmados 58 fallecidos, aunque reconoció que la cifra “seguro cambiará”. El mandatario defendió la actuación policial y aseguró que el operativo tenía como objetivo desarticular organizaciones criminales.
La favela de la Penha, epicentro de la tragedia en Río
En el despliegue participaron 2,500 agentes, apoyados por vehículos blindados y helicópteros. La misión buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las facciones delictivas más poderosas de Brasil. Como resultado, fueron detenidos 81 sospechosos, incautados 93 fusiles y decomisada media tonelada de drogas.
La operación desató un clima de caos en la zona norte de la ciudad. Hubo bloqueos de carreteras, suspensión del transporte público y cierres de escuelas y centros de salud. Aunque este miércoles Río amaneció sin nuevos enfrentamientos, la tensión continúa. Comercios y colegios siguen cerrados; piden esclarecer la sangrienta violencia.
