Unidades policiales panameñas reprimieron una manifestación que integrantes de la comarca emberá, ubicada en el este de la provincia de Panamá, realizaban la noche de este sábado.
Según denuncian, la represión dejó un saldo de un adolescente asesinado; según informó una organización indígena.
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Se trata del Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip); que emitió un comunicado en el cual denunció los últimos acontecimientos en torno a las protestas de los pueblos indígenas, que se han unido a las manifestaciones nacionales en rechazo a la ley 462, normativa que atenta contra los derechos de los trabajadores y del pueblo panameño.
Desde el pasado 23 de abril, distintos gremios laborales, entre ellos los docentes del sector público y de la salud; comenzaron una huelga indefinida para exigir la derogación de la norma, que estiman afecta a los trabajadores y sus familiares, privatiza los servicios de la Caja del Seguro Social (CSS) y entrega sus fondos a los bancos; mientras augura pensiones de miseria.

Represión policial en Panamá
El Congreso General de Gunayala aseveró en su comunicado que la represión “hoy ha alcanzado niveles que resquebrajan totalmente el sistema democrático panameño y violentan los derechos humanos. Los estamentos de seguridad, instruidos por la alta cúpula del gobierno, han salido a matar; lo que solo en un sistema dictatorial es capaz y, sin remordimientos, asume una actitud de esta naturaleza”.
“Hoy, una vez más, el pueblo hermano Emberá de Arimae ha sido objeto de represión, donde un joven pierde su vida al recibir perdigones de parte de los miembros de control de multitudes y Senafront (Servicio Nacional de Fronteras)”; aseveró.
Denunció que este hecho se une a otros episodios “donde miembros del pueblo hermano Ngäbe Buglé han sido afectados; incluyendo niños y niñas que han salido heridos por las represiones de los antimotines y miembros del Servicio Nacional de Fronteras”.
Manifestó que la represión no solo es física, sino que hoy, “al igual que los gobiernos dictatoriales, usan el sistema de justicia para doblegar las genuinas protestas que forman parte de los derechos que tienen los pueblos para hacer sentir su rechazo a las medidas antipopulares del gobierno. Encarcelan líderes indígenas como recurso para intimidar, pero los pueblos nacen libres; eso debería saber el supuesto civilista del Palacio de las Garzas”.
La entidad llamó a la Defensoría del Pueblo, a organismos de derechos humanos nacionales, a la iglesia y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos, que “deben jugar su papel frente a las acciones del gobierno”.
“Hoy más que nunca, han intensificado la persecución a los líderes indígenas, buscan criminalizar las protestas para justificar sus violaciones. Hecho que hoy mantiene a cinco líderes emberás judicializados en abierta violación al sistema de justicia y termina matando a un niño emberá”; externó.


















