El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entre septiembre y octubre de 2025 dejó un saldo de tres personas fallecidas, cientos de heridos y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos; según informó la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador.
La organización reportó 206 detenciones y 473 personas heridas debido a la represión policial durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, las cuales se extendieron del 22 de septiembre al 22 de octubre.
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La defensora Vivian Idrobo denunció un subregistro oficial de las cifras y la inacción de la Defensoría del Pueblo durante las protestas.
“De más de 700 reportes recibidos, validamos 391, todos correspondientes a violaciones de derechos humanos. Identificamos 206 personas detenidas, 473 heridas al menos 25 de gravedad y dos fallecidas por uso de violencia estatal”; detalló Idrobo en rueda de prensa.
Protestas en Ecuador
En contraste, el Ministerio del Interior informó sobre 142 detenidos, entre ellos diez extranjeros. La abogada María Espinoza, especialista en derechos humanos; explicó que el paro indígena respondió a un acumulado de tensiones sociales derivadas del debilitamiento de los espacios cívicos y democráticos; así como de la concentración del poder en el Ejecutivo.
Espinoza criticó que el Estado conciba la protesta social como una amenaza y no como un derecho ciudadano, lo que derivó en una respuesta militar, estigmatizante y violenta desde el primer día. “No hubo una disposición legítima de diálogo por parte del Ejecutivo”; afirmó.
📄Informe de Verificación de Derechos Humanos durante el Paro Nacional de Ecuador 2025
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— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) November 12, 2025
La Alianza por los Derechos Humanos documentó un uso desproporcionado de la fuerza pública, pese a los recordatorios de organismos internacionales sobre que el uso letal de la fuerza debe ser el último recurso.
El paro, que duró 31 días, reunió a sectores indígenas, campesinos y urbanos, tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel; cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares. Las víctimas confirmadas fueron Efraín Fuérez, José Guamán y María Paqui, esta última fallecida por asfixia causada por gases lacrimógenos.
