El presidente de Argentina, Javier Milei, remitió al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, generando un inmediato rechazo y la convocatoria a un paro nacional de universidades para el viernes 12 de septiembre.
Según el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que la ley “no cumple con los recaudos legales”. En particular, se cuestiona que la fuente de financiamiento prevista en el artículo 9° es “insuficiente” y no representa una fuente real de recursos.
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Como respuesta, gremios docentes como CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN, y UDA, junto a federaciones estudiantiles como la FUBA, anunciaron una marcha nacional. Desde las redes sociales, expresaron; “Milei vetó. Nosotros vamos a defender la ley de financiamiento universitario”.
El Ejecutivo también sostuvo que el proyecto trata los recursos de manera “genérica”, sin detallar montos ni partidas afectadas. Sin embargo, desde el sector universitario denuncian que se eluden los problemas de fondo, como la crisis presupuestaria del sistema.
Veto Universitario de Milei
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) criticó la decisión del gobierno por aportar “información tergiversada y parcial”, sin ofrecer soluciones reales. Además, señaló que los aumentos otorgados (de entre 1.1 y 1.3 por mes) no compensan la inflación y consolidan la pérdida del poder adquisitivo.
Según el CIN, la inversión en universidades cayó un 21,9 % en 2024 y se proyecta una baja adicional del 8,8 % en 2025. Además, más de 90 obras de infraestructura permanecen paralizadas y no hay actualización en becas estudiantiles.
HAY VETO. HAY MARCHA.
Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, nodocentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados.
Contamos con tu presencia.
No veten nuestro futuro. 🇦🇷 pic.twitter.com/Qa3AcQ0A93— FUBA (@conduccionFUBA) September 10, 2025
El organismo reiteró la urgencia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, calificándola como una herramienta “responsable” y fiscalmente viable.
