El Ministerio de Capital Humano de Argentina, a cargo de Sandra Pettovello, admitió que no se llevó a cabo la auditoría que el gobierno de Javier Milei mencionó como fundamento para suspender la asistencia alimentaria a comedores populares.
Esta confirmación se dio a conocer luego de que la diputada nacional Natalia Zaracho, representante de la provincia de Buenos Aires; solicitara acceso a la información pública el 16 de mayo de 2024.
La petición se produjo un día después de que el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, afirmara ante el Congreso que “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”, en base a una auditoría que; finalmente, no fue realizada. En su respuesta oficial a Zaracho, el Ministerio de Capital Humano admitió que la auditoría “resulta ser inexistente”.
Según el documento, citado por el periodista Ari Lijalad en El Destape, las autoridades realizaron “supervisiones y/o verificaciones territoriales” que “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría” establecidos por la Ley de Administración Financiera N°24.156.
Comedores sin fondos por una auditoría inexistente
Esta ley regula los procedimientos de control en organismos públicos. El ministerio justificó las declaraciones de Posse como una “interpretación gramatical” que aludía a acciones de control; no a una auditoría formal.
Las afirmaciones basadas en la supuesta auditoría y reflejadas en medios afines al oficialismo, sirvieron para suspender el envío de alimentos a los comedores, dejando millones de kilos de comida sin distribuir en galpones del Ministerio de Capital Humano, muchos al borde del vencimiento.
El caso se suma a otras controversias, como el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); donde se revelaron trabas administrativas para registrar beneficiarios de asistencia social.
