Desde hace más de diez años, ambientalistas, pescadores y habitantes de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, México, mantienen una fuerte oposición a la construcción de una planta de amoníaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman.
Los sectores críticos aseguran que el proyecto representa un riesgo para la salud pública, amenaza el ecosistema marino-costero y pone en peligro la cultura ancestral del pueblo indígena yoreme.
La controversia se intensificó recientemente tras la llegada de maquinaria pesada y reportes de interrupciones eléctricas presuntamente relacionadas con las obras.
La planta, cuya inversión supera los 1,600 millones de dólares, busca convertirse en la mayor instalación comercial de amoníaco de América Latina; con una capacidad de producción de 2,220 toneladas métricas diarias destinadas al mercado nacional e internacional.
📣¡Movilización en la embajada de Alemania! 🔥 ¡No queremos la planta de amoníaco GPO!
Este jueves 4 de junio a las 8PM vamos a manifestarnos en la Embajada de Alemania para mostrar todo lo que amenaza la planta de amoníaco. @AlvarezMaynez @julioastillero @linea_directa pic.twitter.com/Mv1clRwBwz
— JOHN SOUTHER (@ArturoG89917813) June 3, 2026
Amenaza por planta de amoníaco en México
Los opositores advierten que el complejo industrial se construye en una zona de gran valor ecológico. La bahía de Ohuira forma parte del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira y está protegida por la Convención Ramsar debido a su biodiversidad; que incluye manglares, aves migratorias, delfines, lobos marinos y numerosas especies marinas.
Aunque la empresa sostiene que el proyecto no afectará los ecosistemas ni los hábitats de la región, documentos ambientales reconocen posibles impactos derivados de las obras, como el dragado de más de 1.4 millones de metros cúbicos de sedimentos marinos; aumento de la turbidez del agua, alteraciones en la vegetación acuática y riesgos de contaminación por derrames accidentales.
Pese a las preocupaciones ambientales, autoridades de Sinaloa destacan que la planta ya supera el 50 % de avance y consideran que impulsará el desarrollo económico; la generación de empleos y la producción nacional de fertilizantes.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas continúan exigiendo la cancelación de los permisos ambientales y la suspensión del financiamiento internacional; argumentando que los intereses económicos no deben prevalecer sobre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
