Médicos y estudiantes de medicina se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para expresar su rechazo a un proyecto de ley que, aseguran, afecta sus derechos laborales y profesionales. Según los manifestantes, la iniciativa limita la autonomía de los médicos y favorece a profesionales extranjeros sin los mismos requisitos de evaluación que los nacionales.
“Están atribuyendo la falta de especialistas a factores que no tienen sentido, como exigir que el médico trabaje siete años; cuando ya existen tres años de retribución social estipulados tras la especialidad. Esto representa un atropello a nuestros derechos”; declaró Steven Valenciano, estudiante de medicina de 24 años de la Universidad de Costa Rica.
Valenciano agregó que los médicos extranjeros podrían ejercer en el país sin pasar por filtros, mientras que los nacionales deben superar exámenes rigurosos.
El proyecto de ley 24.015, conocido como Fortalecimiento de la Salud Pública, fue presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Su objetivo, según los legisladores, es garantizar más especialistas y reducir las listas de espera sin afectar la calidad de la atención.
Protesta en Costa Rica: médicos critican privilegios a profesionales extranjeros
La diputada María Marta Carballo aclaró que la iniciativa no impide a los médicos ejercer durante la retribución social, que es remunerada y forma parte de la inversión pública en formación de especialistas; estimada en cerca de 300 millones de colones por profesional. Además, la ley solo aplicaría a futuros especialistas, por lo que no afecta derechos adquiridos ni contratos actuales.
El proyecto también contempla el uso de inopia, un mecanismo de último recurso que permitiría la contratación de personal calificado de países miembros de la OCDE si las medidas principales; como la ampliación de plazas y la eliminación de cuellos de botella no logran equilibrar la oferta y demanda de especialistas.
La iniciativa ha generado debate entre la comunidad médica y legisladores, que defienden la necesidad de equilibrar la inversión pública en formación y la disponibilidad de especialistas en todo el país, especialmente en zonas rurales.
