La Primera Cumbre Ministerial de Emergencia del Grupo de La Haya, celebrada en Bogotá, Colombia los días 15 y 16 de julio; concluyó con la adopción de una declaración conjunta que incluye seis medidas fundamentales para detener el genocidio en Palestina, prohibir el apoyo militar a Israel y promover la justicia internacional ante la crisis humanitaria en el territorio palestino ocupado.
Entre las principales acciones acordadas, se destaca la prohibición total de envíos militares a Israel, incluyendo armas, municiones, combustible y equipos de doble uso. Además; se impuso una restricción al paso de buques con posible cargamento militar destinado a Israel, bloqueando el acceso a puertos nacionales.
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Asimismo, se ordenó el control de embarcaciones con banderas nacionales, prohibiendo su uso para el transporte de material bélico hacia Israel.
Además, otro paso clave fue la revisión inmediata de contratos públicos con entidades israelíes; para asegurar que los recursos estatales no contribuyan a la ocupación ilegal de Palestina.
Grupo de La Haya impulsa acciones legales
Los Estados miembros también se comprometieron a impulsar la investigación y juicio de crímenes internacionales; como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto en tribunales nacionales como internacionales.
Se reforzó el respaldo a la jurisdicción universal, permitiendo el procesamiento de responsables sin importar su nacionalidad.
Durante la apertura, la canciller colombiana Rosa Villavicencio; afirmó que “Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades; lo que ocurre en Gaza es un genocidio”.
Declaración conjunta sobre la conclusión de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina convocada por el Grupo de La Haya. 👇 pic.twitter.com/3H6j5h17qm
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 16, 2025
Por su parte, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese; instó a construir un “nuevo orden mundial multilateral” liderado por países como Colombia y Sudáfrica.
Finalmente, el Grupo de La Haya exhortó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a actuar con independencia; reafirmando su compromiso con el derecho internacional, los derechos humanos y la rendición de cuentas.
