Familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago asesinados durante un ataque con misiles lanzado por Estados Unidos en el Caribe han presentado una demanda por homicidio culposo contra el Gobierno de Donald Trump.
El caso, sin precedentes, pretende sentar responsabilidades por una campaña militar no autorizada que, amparada en la retórica de la “guerra contra las drogas”; ha causado la muerte de más de 120 personas en aguas del Pacífico y el Caribe desde septiembre de 2025.
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La querella afirma que Chad Joseph y Rishi Samaroo, trabajadores civiles dedicados a la pesca y la agricultura, se encontraban regresando desde Venezuela hacia su país natal el 14 de octubre de 2025; cuando un misil estadounidense impactó directamente su embarcación, provocando su muerte inmediata.
“No era un criminal, era un trabajador. Si el gobierno de Estados Unidos sospechaba de Rishi, debía arrestarlo y juzgarlo, no ejecutarlo”; declaró Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, denunciando la impunidad con la que operan estas acciones militares.
La demanda que desafía a Trump
Según la demanda, presentada ante un tribunal federal en Boston, las víctimas no tenían vínculos con el narcotráfico y fueron blanco de una operación “abiertamente ilegal”. Baher Azmy, abogado del Centro de Derechos Constitucionales, fue tajante al calificar los hechos como “asesinatos extrajudiciales”, cometidos sin debido proceso ni base legal.
Aunque la administración Trump, a través del entonces secretario de Defensa Pete Hegseth, justificó los ataques apelando al derecho de los conflictos armados, expertos en derecho internacional han desmontado esa narrativa.
Los cárteles de la droga, señalan, no constituyen grupos armados bajo el derecho de la guerra, y además el Congreso de EE.UU. nunca autorizó esta campaña letal en aguas internacionales.
La demanda se apoya en la Ley de Muerte en Alta Mar y el Estatuto de Agravios Extranjeros de 1789, pero su alcance va más allá de una compensación económica. El tribunal deberá pronunciarse sobre una doctrina peligrosa, en la que Washington actúa como juez, jurado y verdugo; violando la soberanía de otros Estados, como Venezuela, y menospreciando el derecho a la vida de ciudadanos del Sur Global.
Desde el inicio de estos ataques, en septiembre de 2025, el saldo supera las 120 muertes, catalogadas por organizaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. El episodio más reciente, ocurrido el 24 de enero, dejó dos personas fallecidas y un sobreviviente gravemente herido.
