La entrada en vigor de la reforma penal impulsada por el presidente Nayib Bukele ha generado un fuerte rechazo entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos; quienes consideran que la medida representa un grave retroceso en la protección de la niñez y adolescencia.
Desde este domingo, la normativa permite la cadena perpetua para menores de edad en delitos como homicidio, violación y pertenencia a pandillas; en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador.
Aunque las autoridades sostienen que la ley incluye revisiones periódicas; diversas organizaciones advierten que estas disposiciones no compensan el carácter desproporcionado de la pena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar que este tipo de condenas viola estándares internacionales; ya que elimina la posibilidad real de reinserción social, principio fundamental en los sistemas de justicia juvenil.
Aprueban cadena perpetua para menores en el Salvador
En la misma línea, Human Rights Watch cuestionó que la revisión de la pena tras 25 años contradice tratados internacionales y limita seriamente las oportunidades de rehabilitación.
Críticos de la reforma también alertan que esta decisión se da en un contexto marcado por el régimen de excepción, vigente desde 2022, bajo el cual se han registrado más de 91,000 detenciones, miles de denuncias por violaciones a derechos humanos y cientos de muertes bajo custodia estatal. Para organizaciones sociales, este escenario evidencia un deterioro sostenido de las garantías fundamentales.
Además, especialistas advierten que aplicar castigos extremos a menores no aborda las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Por el contrario, sostienen que medidas de este tipo podrían profundizar el problema al cerrar las puertas a la rehabilitación.
En medio del debate, crece la preocupación internacional ante una legislación que, según sus detractores, prioriza el castigo sobre la reinserción, poniendo en riesgo los derechos básicos de niños y adolescentes.
