Socorro Jurídico Humanitario, una organización no gubernamental (ONG) comprometida con la protección de los derechos humanos; presentó su informe más reciente sobre los fallecimientos ocurridos en cárceles de El Salvador durante los últimos tres años, en el contexto del régimen de excepción.
Según el informe, al menos 430 personas han muerto mientras estaban bajo custodia estatal, lo que implica una posible responsabilidad directa del Estado salvadoreño.
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Los datos, recopilados y documentados por Socorro Jurídico, incluyen nombres completos y expedientes individuales; que ya han sido remitidos a organismos internacionales de derechos humanos.
El informe señala que muchos de los fallecimientos estarían relacionados con abusos, torturas, falta de atención médica, escasez de medicamentos, y conflictos internos dentro de los centros penales.
Régimen de excepción en El Salvador
En algunos casos, las muertes habrían ocurrido por negligencia institucional; lo que agrava la situación desde el punto de vista de la legalidad y los derechos fundamentales.
En un paso significativo, Socorro Jurídico Humanitario ha presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI); buscando que se investigue y se responsabilice al Estado por estas muertes ocurridas durante la implementación del régimen.
La organización también advierte que la cifra podría ser aún mayor, ya que existe un subregistro. Muchas familias, por miedo, represalias o falta de acceso a canales formales de denuncia, no han reportado la muerte de sus familiares detenidos, lo que limita la visibilidad real del problema.
Este informe subraya una preocupante crisis de derechos humanos en El Salvador, y plantea la urgente necesidad de transparencia, justicia y rendición de cuentas por parte del Estado.
