El presidente de Ecuador, Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país; alegando una “grave conmoción interna” frente al aumento de la violencia y la actividad de grupos criminales.
La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 202, tendrá una duración de 60 días y suspende derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
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El decreto de Ecuador aplica a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, así como a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
El texto oficial señala que estas zonas presentan altos índices de criminalidad y funcionan como centros logísticos para organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Violencia sin freno en Ecuador
Con esta decisión, Ecuador acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde la llegada de Noboa al poder. En enero de 2024, el mandatario ya había declarado un “conflicto armado interno” para permitir la intervención militar contra bandas catalogadas como “terroristas”; aunque la Corte Constitucional cuestionó la medida por falta de sustento jurídico y pruebas.
A pesar del despliegue militar, la violencia persiste: entre enero y octubre de 2025 se registran más de 7.400 muertes intencionales, lo que equivale a un asesinato por hora; según datos oficiales.
#DECRETO// El presidente Daniel Noboa decretó a partir del 5 de noviembre de 2025 el estado de excepción de 60 días por grave conmoción interna en algunas provincias.
Debido al incremento de violencia extrema atribuida a grupos criminales organizados. pic.twitter.com/kKB1780kXR— CuencaPlay (@CuencaPlay) November 5, 2025
El Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, elaboró un informe sobre la injerencia geográfica de los grupos criminales; pero su falta de transparencia ha generado críticas de juristas y organizaciones sociales.
Desde 2024, Noboa apuesta por una política de mano dura y control militarizado, respaldada por Estados Unidos; estrategia que expertos consideran que ha profundizado la crisis de derechos humanos y debilitado la autoridad civil.
La medida permite allanamientos sin orden judicial, requisas y toma de propiedades, lo que genera preocupación por abusos de poder. Mientras tanto; comunidades costeras viven bajo toques de queda, patrullajes militares y un clima donde la seguridad se confunde con el miedo.
El decreto coincide con el debate sobre la posible presencia de tropas extranjeras, criticada por la CONAIE como una amenaza a la soberanía y un paso hacia el control militar transnacional del país.
