La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el grave deterioro de la situación humanitaria en San José del Guaviare, donde enfrentamientos entre disidencias de las extintas FARC tienen confinadas a más de 10.000 personas.
Los hechos recientes incluyen desapariciones, reclutamiento forzado y asesinatos de menores, según detalló la entidad en un comunicado. Las estructuras armadas al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ protagonizan los choques en zonas rurales del departamento.
Las comunidades más afectadas se ubican en el corregimiento Charras Boquerón y en veredas como San Francisco, Guacamayas y Cámbulos, donde los combates han paralizado la vida cotidiana y bloqueado el acceso a bienes esenciales.
Debido a la intensidad del conflicto, las misiones médicas no han podido ingresar, provocando un fuerte desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos básicos. Esto ha golpeado especialmente a estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
Agravan emergencia en Colombia; Defensoría pide intervención urgente
Además, la Defensoría alertó que la presencia de grupos armados continúa creciendo. La población permanece incomunicada, bajo amenaza y en riesgo constante de sufrir nuevas violaciones a sus derechos.
El pasado 31 de mayo, la entidad envió una solicitud formal al Ministerio del Interior para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) y convocar a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con enfoque territorial.
Entre las medidas urgentes, la Defensoría también pidió activar canales humanitarios, facilitar la circulación libre y garantizar el acceso a servicios básicos para las personas afectadas por la violencia.
En palabras del organismo, “Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales. Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación”.
