El Gobierno de Colombia oficializó un decreto de Emergencia Económica que establece un gravamen extraordinario sobre el patrimonio de las empresas; con el objetivo de recaudar fondos destinados a enfrentar los daños causados por recientes fenómenos climáticos en la región Caribe.
Asimismo, la medida se anunció en un Consejo de Ministros en Cartagena, liderado por el presidente Gustavo Petro. La norma establece una tarifa general del 0,5 % para sociedades con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, equivalente a 10.474 millones de pesos, considerando que cada UVT vale 49.799 pesos.
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Además, los sectores financiero y minero-energético de Colombia tendrán una tasa diferencial del 1,6 %, contribuyendo con más de la mitad del recaudo estimado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que el impuesto se abonará en dos partes; el 1 de abril y el 4 de mayo. Los recursos se enfocarán en proyectos de infraestructura y programas agrarios en las zonas afectadas.
Recuperación post-desastres en Colombia
También, el informe oficial de Colombia revela un panorama crítico: 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, de las cuales 53 fueron inundaciones; afectando a 69.000 familias y causando diez muertes.
Por tanto, los daños incluyen viviendas, carreteras, puentes, sistemas de acueducto, y centros educativos y de salud. En el sector productivo, 20.000 hectáreas resultaron afectadas y más de 4.100 casas fueron destruidas. El costo de la recuperación se estima en 8 billones de pesos (aprox. 2.160 millones de dólares).
La búsqueda de recursos para la emergencia derivada de la crisis climática y el rebose ya de varios embalses, busca recursos de empresas de acumulación rentística no productiva en el sector financiero y extractivo minero energético, de tal manera que haga el daño menor posible a… https://t.co/zffSdZthQR
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 25, 2026
Por su parte, Ávila precisó que el tributo cumple con los lineamientos de la Corte Constitucional y se dirige exclusivamente a personas jurídicas, a diferencia de experiencias previas. Además, instó al sistema financiero a participar activamente, considerando el aumento de utilidades entre 2024 y 2025.
Finalmente, el Gobierno de Colombia acordó medidas de alivio financiero; incluyendo períodos de gracia, suspensión de cobros, mantenimiento de calificación crediticia y fortalecimiento del crédito asociativo, con decretos adicionales para garantizar una atención integral a la emergencia.
