Este martes, el presidente Gustavo Petro firmó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, un avance crucial para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y comunidades étnicas en conflictos por la tierra (Colombia). La normativa busca transformar el campo colombiano y saldar una deuda histórica con la población rural.
La ley establece que jueces y magistrados resolverán rápidamente disputas de límites y cercas, evitando que la violencia sea la solución a los conflictos territoriales. Petro subrayó que la justicia debe prevalecer sobre la confrontación. De igual manera; consolidando así un mecanismo legal que protege a los más vulnerables frente a intereses poderosos.
Este paso se enmarca dentro del primer punto del Acuerdo de Paz, centrado en la Reforma Rural Integral y la democratización del acceso a la tierra. Según la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la ley define la estructura administrativa y los fondos para crear tribunales especializados.
Asimismo; hizo un llamado al Congreso para aprobar el proyecto complementario que reglamenta los procedimientos procesales en los próximos 50 días de legislatura.

La ley ha recibido apoyo de organizaciones de derechos humanos y movimientos campesinos; quienes destacan que permitirá a los despojados recuperar sus tierras sin recurrir a grupos armados.
Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz, aseguró que esta jurisdicción brindará una salida legal y segura para resolver conflictos de linderos y caminos vecinales, fortaleciendo la paz rural.
Con la implementación de estos tribunales, Colombia consolida un instrumento esencial para la reforma agraria, reemplazando la fuerza por la institucionalidad y promoviendo que la justicia rural sea efectiva; rápida y al servicio del pueblo.


















