La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desde la cárcel Fraijanes II ha sacudido al Estado de Guatemala y elevado un problema de seguridad penitenciaria a un conflicto político con repercusiones internacionales. El gobierno se declaró en emergencia, mientras la oposición exige responsabilidades y el país demanda respuestas inmediatas.
Las autoridades confirmaron el escape desde la noche del domingo. Todos los reos son considerados de alta peligrosidad. La fuga no fue masiva ni instantánea: se detectó durante una requisa rutinaria, lo que sugiere un escape progresivo y planificado.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, activó cooperación internacional con Interpol, coordinó esfuerzos con El Salvador, Honduras y México y reforzó la vigilancia en fronteras y perímetros carcelarios. Hasta este lunes se recapturó a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, condenado a 180 años por asesinato, extorsión y robo agravado.
El gobierno reaccionó de inmediato: destituyó al jefe del Sistema Penitenciario, al director y al subdirector de Fraijanes II, sumando un total de nueve funcionarios separados de sus cargos. Pese a la presión política, Jiménez afirmó que no renunciará.
Fuga de pandilleros desata crisis en Guatemala
La dimensión internacional es relevante: en septiembre, Estados Unidos declaró a Barrio 18 como organización terrorista; aumentando así la presión sobre el gobierno guatemalteco. La embajada estadounidense calificó la fuga como “totalmente inaceptable” y exigió la recaptura de los fugitivos, señalándolos como amenaza transfronteriza.
El escape habría ocurrido de forma individual o en parejas, aprovechando visitas familiares, lo que revela fallos graves en la seguridad. La hipótesis de complicidad interna ya se está investigando.
El gobierno ofreció recompensas de 19.500 USD por cada reo y promovió un proyecto de Ley Antipandillas, que contempla cárceles de máxima seguridad; control biométrico y restricciones en visitas, con apoyo técnico de EE. UU. Sin embargo, la oposición interna, encabezada por diputados de Raíces, exige la remoción de Jiménez; acusándolo de incompetencia y falta de confianza.
