Bonos a diputados desatan indignación y reavivan debate sobre corrupción en Honduras

Foto: Señalan presunta compra de voluntades en el Congreso de Honduras /Cortesía
Foto: Señalan presunta compra de voluntades en el Congreso de Honduras /Cortesía

Un nuevo escándalo de presunta corrupción ha generado polémica en Honduras tras la revelación de la entrega de un bono de 100 mil lempiras a diputados del Partido Liberal.

La medida, adoptada en un contexto político marcado por procesos de juicio y decisiones legislativas sensibles, ha sido cuestionada por distintos sectores, que la consideran un posible mecanismo de presión para influir en el voto parlamentario.

El mandatario Nasry Asfura defendió la disposición, argumentando que la legislación y los reglamentos vigentes le permiten autorizar este tipo de beneficios. No obstante, sus declaraciones han incrementado el malestar en la población, especialmente en un momento en que muchas familias enfrentan el aumento en los costos de combustibles y servicios básicos.

Dentro del propio Partido Liberal, las reacciones han sido diversas. El diputado Mario Segura restó importancia a la controversia y rechazó que su voto pueda estar condicionado por este tipo de incentivos.

Foto: Señalan presunta compra de voluntades en el Congreso de Honduras /Cortesía
Foto: Señalan presunta compra de voluntades en el Congreso de Honduras /Cortesía

Señalan presunta compra de voluntades en el Congreso de Honduras

Sin embargo, otras voces, como la del dirigente Octavio Pineda; criticaron la medida y señalaron la falta de coherencia en medio de las dificultades que atraviesan sectores clave como la salud y la educación.

Por otro lado, la bancada del Partido Libre denunció un trato desigual, afirmando que sus miembros han sido objeto de sanciones económicas que superan los 2 mil dólares. Su jefe de bancada, Ronald Panchamé, advirtió que estas acciones podrían responder a intentos de limitar las críticas y el control político dentro del Congreso.

Ante este panorama, analistas y sectores independientes han exigido mayor transparencia; incluyendo la publicación de la lista de beneficiarios y el uso específico de los fondos. El caso ha reavivado el debate sobre el manejo de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática en el país.

Mientras tanto, la presión ciudadana y las denuncias de la oposición continúan en aumento, en demanda de claridad y rendición de cuentas.

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