La Cámara de Diputados de Argentina dio inicio este miércoles a la primera audiencia pública destinada a debatir la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente por el Senado; en medio de cuestionamientos por la limitada participación ciudadana.
Asi mismo; Solo 200 oradores podrán intervenir presencialmente, mientras otros 200 participarán de manera virtual; y el resto de los más de 100.000 inscriptos podrá enviar presentaciones escritas o grabaciones en video, generando críticas de organizaciones socioambientales que denuncian un mecanismo “exprés” que excluye a la mayoría.
El oficialismo; liderado por La Libertad Avanza, implementó un formato concentrado en dos días 25 y 26 de marzo priorizando a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones. Esta decisión ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de cumplir formalmente con la audiencia sin garantizar un debate amplio y plural.
Paralelamente, continúan las disputas judiciales. Un juzgado rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, aunque aún resta resolución sobre otra presentación impulsada por entidades ambientalistas.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que solo podrán ingresar al recinto los previamente notificados; y que la sesión será transmitida por los canales oficiales de la Cámara.
La jornada también coincide con movilizaciones previstas para esta tarde, donde comunidades mapuche, mapuche-tehuelche, diaguita; y organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero exigirán mayor participación y alertarán sobre los impactos ambientales; sociales y culturales de flexibilizar la legislación actual.
Organizaciones como FARN; Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron formalmente que se permita la intervención oral de todos los inscriptos.


















