El proceso postelectoral en Honduras atraviesa una nueva fase de tensión tras las denuncias del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal; que acusan a miembros de las Fuerzas Armadas de intimidar y amenazar a integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JVR) con arrestos inmediatos si continuaban remitiendo “actas en cero”.
Según los partidos denunciantes, dichas actas —contempladas dentro del marco legal electoral— fueron utilizadas tras detectarse irregularidades graves en mesas de votación durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. No obstante, afirman que personal militar buscó impedir su envío; excediendo sus funciones constitucionales.
Las organizaciones políticas sostienen que la actuación de los militares contraviene el mandato que les asigna la Constitución, el cual se limita a resguardar el orden y garantizar el libre ejercicio del sufragio; sin interferir en los procedimientos técnicos del escrutinio ni presionar a los actores electorales.
Un video divulgado por Libre muestra a representantes partidarios denunciando agresiones verbales por parte de efectivos militares, quienes —según el testimonio— advirtieron que no se permitiría la remisión de votos anulados ni actas en cero; bajo amenaza de expulsión de las mesas y encarcelamiento.
El nuevo foco de la crisis electoral en Honduras
Estas denuncias coinciden con los informes del corresponsal de teleSUR; Karim Duarte, quien reportó que al menos 200 integrantes del Partido Liberal fueron objeto de advertencias similares en distintos centros de escrutinio a nivel nacional.
Para los denunciantes, la restricción selectiva de las actas en cero revela una intervención política directa orientada a condicionar los resultados finales del proceso electoral. Subrayan que estas actas no constituyen una anomalía; sino un mecanismo de control previsto en la legislación hondureña para casos de inconsistencias irreconciliables, como ausencia de firmas, datos contradictorios o nulidades debidamente declaradas.
En este contexto, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció que impugnará formalmente los resultados y reiteró su negativa a validar lo que considera un proceso fraudulento influenciado por intereses externos.
“Ni con presión armada voy a avalar un fraude”, declaró Ochoa, calificando los comicios como los más opacos de la historia reciente del país; incluso por encima del cuestionado proceso electoral de 2017.
Estalla conflicto electoral en Honduras
El consejero también denunció injerencia extranjera, señalando presiones provenientes de Estados Unidos y cuestionando el papel histórico de Washington en la política hondureña. En ese marco, recordó el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico; como un factor que profundiza la desconfianza ciudadana.
🚨 A esta hora los miembros del @Oficial_PLH encargados del escrutinio especial permanecen fuera del INFOP, a la espera de que el @CneHonduras les permita ingresar y aclarar irregularidades en más de 2 mil actas. @teleSURtv pic.twitter.com/j2Bq6yOcXm
— Karim Duarte (@karimtelesurtv) December 21, 2025
Ante la acumulación de irregularidades, Ochoa insistió en que la única salida legítima es un recuento total, voto por voto y urna por urna; abarcando las 19.167 juntas receptoras de votos. Argumentó que existen discrepancias entre el padrón electoral y los datos oficiales, además de fallas sistemáticas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Mientras tanto, militantes y dirigentes del Partido Liberal mantienen concentraciones frente al INFOP, exigiendo al CNE acceso pleno para revisar más de dos mil actas cuestionadas. Delegaciones provenientes de Comayagua; Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y otros departamentos aseguraron que permanecerán movilizadas para defender la voluntad popular, convencidas de que su candidato presidencial; Salvador Nasralla, obtuvo la victoria en las urnas.
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