La organización no gubernamental Socorro Jurídico, dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentó su informe más reciente sobre fallecimientos ocurridos en cárceles de El Salvador. Según la ONG, al menos 430 personas murieron durante los últimos tres años bajo custodia estatal; en el marco del régimen de excepción.
Se detalla que varias muertes se relacionan con abusos físicos, torturas y falta de atención médica adecuada. Otros fallecimientos se atribuyen a carencia de medicamentos esenciales o conflictos internos entre los detenidos. Socorro Jurídico asegura que cada caso fue documentado cuidadosamente; con evidencia que respalda la responsabilidad del Estado.
Recientemente, además, la ONG entregó documentos a la Corte Penal Internacional (CPI) con el propósito de que se investigue al Estado de El Salvador por las 430 muertes ocurridas durante los tres años del régimen de excepción. Con esta acción, por consiguiente, se busca responsabilizar a las autoridades por la violación de derechos fundamentales y, al mismo tiempo, establecer medidas que prevengan tragedias similares en el futuro.
Asimismo, debido a diversas circunstancias, muchas familias y testigos evitan reportar estos casos, lo que genera un subregistro considerable. Por ello, la ONG enfatiza la importancia de implementar mecanismos de denuncia seguros y efectivos, que además garanticen la protección de quienes sufren estas violaciones y promuevan la rendición de cuentas.
430 fallecimientos en El Salvador bajo régimen de excepción
Socorro Jurídico Humanitario subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Señala que la supervisión estatal debe incluir protocolos de atención médica; prevención de abusos y control sobre conflictos internos. La organización continuará documentando cada caso y colaborando con organismos internacionales para exigir justicia.
La situación evidencia la importancia de garantizar derechos fundamentales y mecanismos de protección efectivos. Las organizaciones y la sociedad civil desempeñan un papel clave para supervisar y exigir justicia; promoviendo cambios que prevengan futuras violaciones y protejan a las personas más vulnerables. Mantener la atención y la acción conjunta es esencial para construir sistemas más transparentes y responsables.
