El país registró durante agosto y septiembre de 2026 una nueva escalada de violencia caracterizada por ataques con explosivos, atentados con drones, acciones de grupos armados contra instalaciones de seguridad y agresiones que afectaron a la población civil, de acuerdo con el balance presentado en el informe.
El escenario se desarrolló tras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto de 2026, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política de seguridad y la ruptura de los diálogos de paz heredados de la administración anterior. Según el reporte, la ofensiva de diferentes estructuras armadas se intensificó durante las semanas posteriores a la investidura presidencial.
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Uno de los principales focos de preocupación fue el incremento del uso de drones cargados con explosivos. Un balance citado en el informe contabilizó 292 ataques de este tipo hasta el 15 de septiembre, cifra que supera los 277 registrados durante todo 2025. Los ataques provocaron víctimas entre integrantes de la fuerza pública y daños en instalaciones estatales.
Entre los hechos registrados figura un atentado ocurrido el 8 de agosto contra un peaje de la vía Panamericana, en el sector de Mondomo, además de un ataque contra una subestación policial en San Roque, Cesar, donde murió un subintendente. Días después, un ataque con drones contra militares en Ábrego, Norte de Santander, dejó un uniformado muerto y cinco heridos.
Violencia deja crisis humanitaria en Colombia
La violencia continuó con ataques contra instalaciones policiales y militares. En Pailitas, Cesar, tres uniformados resultaron heridos por un ataque con drones, mientras que un coche bomba frente a una estación policial en Los Patios, Norte de Santander, provocó la muerte de un civil y dejó 11 personas heridas. Posteriormente, un ataque contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, dejó tres militares muertos y cuatro heridos.
La situación también tuvo repercusiones en Santa Marta. Tras un operativo de la fuerza pública contra un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se produjeron quemas de vehículos y bloqueos, lo que llevó al despliegue de unos 1.100 efectivos de seguridad en la zona.
🇨🇴 La Junta de Acción Comunal de La Macarena, Meta, denunció el asesinato del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán y el uso de fuerza excesiva por parte de tropas del Ejército Nacional en un operativo rural. #teleSUR #Colombia #DerechosHumanos #27Sep ⚠️🛑 pic.twitter.com/kyv8crlLbh
— teleSUR TV (@teleSURtv) September 27, 2026
A la violencia de los grupos armados se sumaron denuncias sobre presuntos abusos cometidos por integrantes de la fuerza pública. Entre los casos mencionados aparece la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en Bogotá. Familiares y testigos denunciaron tortura, tratos crueles, uso desproporcionado de armas Taser e insultos racistas, mientras que el caso motivó llamados para que fuera investigado por la justicia ordinaria.
Otro caso reportado corresponde al campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien fue baleado durante una operación militar en septiembre. Testimonios recogidos en el informe señalaron que se encontraba desarmado y que no representaba una amenaza. La comunidad también denunció agresiones contra integrantes de una familia campesina, incluida una mujer y la presencia de niños durante los hechos.
El impacto de la violencia se extendió a líderes sociales y comunidades vulnerables. La Defensoría del Pueblo reportó 112 líderes sociales asesinados entre enero y agosto de 2026, además de 86 masacres registradas en 23 departamentos, con 326 víctimas fatales. El Cauca concentró el mayor número de asesinatos de líderes sociales, con 21 casos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió, por su parte, que las consecuencias del conflicto armado alcanzaron uno de sus niveles más graves de la última década. El organismo reportó 235.619 personas desplazadas y aumentos en distintos indicadores humanitarios, entre ellos desplazamientos individuales y masivos, restricciones a la movilidad, víctimas de artefactos explosivos y desapariciones forzadas.
El panorama descrito refleja una combinación de violencia armada, afectaciones contra comunidades, denuncias de abusos institucionales y deterioro de la situación humanitaria, mientras distintas regiones del país continúan enfrentando las consecuencias de la confrontación entre estructuras armadas y las fuerzas de seguridad.
