Juan Carlos Mendoza Pastora, de 55 años, y Ashley Stefanni Mendoza Salinas, de 20, enfrentan un proceso judicial por el supuesto delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales en Nicaragua. Sin embargo, su defensa sostiene que existen inconsistencias en la acusación y atribuye parte de la situación a presuntas irregularidades cometidas por una antigua administradora de la industria forestal.
Roberto García, defensor técnico de ambos acusados, afirmó que durante el proceso buscará demostrar que sus representados resultaron afectados por la gestión de la anterior administradora, quien habría incumplido sus funciones.
«Ellos están siendo acusados producto de una mala administración que prácticamente se realizó de manera incorrecta, ya que, producto de su mal actuar, se afecta la integridad física, moral y económica de mis representados, y lo vamos a demostrar en juicio oral y público», declaró García.
Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, el caso está relacionado con madera procesada y almacenada sin la documentación legal correspondiente. Además, se señala un supuesto pago de 247 mil 356 córdobas que, presuntamente, habría tenido como propósito evitar la supervisión de los camiones y de la industria forestal.
¿Mala administración o uso ilegal de recursos naturales en Nicaragua?
No obstante, la defensa cuestiona estos señalamientos y sostiene que los elementos presentados deben analizarse para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Durante la audiencia mixta, García expuso sus argumentos en orden cronológico y cuestionó que las pruebas fueran suficientes para establecer la culpabilidad de sus representados.
La madre de Ashley, Elisabeth Salinas, también manifestó su inconformidad con la acusación. Según explicó, su esposo dejó a una mujer a cargo de la administración de la industria mientras permanecía hospitalizado, confiando en que asumiría correctamente sus responsabilidades.
«Mi esposo estuvo hospitalizado y, debido a esa situación, dejó a esa mujer de administradora en ese tiempo, por brindarle la confianza. Desgraciadamente, desconocíamos que la cuenta que nos brindó para hacer depósitos de gastos le pertenecía a un muchacho que estaba trabajando para el Estado», expresó Salinas.
Al finalizar la audiencia, la causa se admitió y ambos acusados deberán continuar el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El caso seguirá su curso judicial mientras se esperan las siguientes etapas procesales y la valoración de las pruebas correspondientes.
