Organizaciones indígenas y ambientalistas expresaron preocupación por el avance de sectores de ultraderecha en el Congreso de Brasil y por el posible impacto que este nuevo escenario político podría tener sobre la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. La inquietud surge después de las recientes elecciones legislativas, que modificaron el equilibrio de fuerzas en el Parlamento brasileño.
El Partido Liberal, vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo cerca de un tercio de los escaños del Senado y casi una cuarta parte de los puestos de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la principal fuerza política en ambas cámaras. Para las organizaciones ambientalistas, este resultado podría favorecer iniciativas relacionadas con la expansión de la minería, el agronegocio y el debilitamiento de algunas normas de protección ambiental.
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La preocupación adquiere especial relevancia debido al peso de Brasil en la conservación del ecosistema amazónico. El país alberga aproximadamente el 60 por ciento de la Amazonía, una región considerada estratégica para la biodiversidad y para la protección de los territorios de numerosas comunidades indígenas.
Amazon Watch advirtió que el nuevo equilibrio de poder en el Congreso fortalece a grupos que respaldan la minería en territorios indígenas y modificaciones a las protecciones territoriales y ambientales, independientemente de quién resulte vencedor en la segunda vuelta presidencial prevista para el 25 de octubre.
Ultraderecha amenaza protección de la Amazonía
Uno de los principales puntos de tensión es el crecimiento de la actividad minera en la Amazonía. El aumento de los precios internacionales del oro ha impulsado nuevas actividades extractivas y ha incrementado las preocupaciones por la deforestación y la contaminación con mercurio en comunidades indígenas y ribereñas.
De acuerdo con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, la minería de oro se expandió casi siete veces en territorios indígenas entre 2016 y 2024, reflejando el crecimiento de una actividad que organizaciones sociales consideran una amenaza para los ecosistemas y las comunidades que habitan estas zonas.
Las posiciones favorables a una mayor explotación de los recursos naturales también están presentes entre legisladores de estados amazónicos. Algunos congresistas han respaldado la minería en tierras indígenas y han cuestionado las medidas de fiscalización ambiental, mientras otros sectores han planteado la necesidad de flexibilizar las restricciones existentes.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) señaló que el nuevo Congreso representa un escenario más adverso para los derechos de los pueblos originarios, especialmente ante el próximo debate sobre la regulación de actividades mineras dentro de territorios indígenas.
Brasil enfrenta riesgo ambiental en el Congreso
El tema tendrá una importancia particular en el próximo período legislativo, debido a que la legislación brasileña establece requisitos específicos para cualquier investigación o actividad minera en tierras indígenas, incluyendo la participación del Congreso y la consulta a las comunidades afectadas.
La discusión podría intensificarse a partir de febrero de 2027, cuando asuma el nuevo Congreso. Organizaciones indígenas y ambientalistas anticipan que la minería en territorios indígenas será uno de los principales temas relacionados con la política ambiental y territorial que deberá abordar el Parlamento.
El escenario electoral también ha colocado nuevamente en el centro del debate las diferencias entre los proyectos políticos de los principales candidatos presidenciales. Sectores vinculados a Flávio Bolsonaro han defendido una mayor libertad económica para que los pueblos indígenas puedan desarrollar actividades productivas en sus territorios, incluida la minería, aunque existen importantes obstáculos legales para modificar el régimen actual.
Especialistas y representantes indígenas advierten que una eventual apertura de estos territorios a grandes intereses mineros y agropecuarios podría generar conflictos sobre la propiedad y explotación de los recursos naturales, además de aumentar las presiones sobre zonas de alta importancia ambiental.
En contraste, durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestación de la Amazonía brasileña disminuyó y se reforzaron las acciones contra la minería ilegal, al tiempo que fueron creadas instituciones específicas para atender los asuntos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, representantes indígenas también han cuestionado al actual Gobierno por no haber cumplido completamente algunas de sus promesas relacionadas con la demarcación de territorios indígenas. Pese a esas críticas, organizaciones como la APIB han expresado su respaldo a la continuidad del actual proyecto político.
De esta manera, el futuro de la Amazonía y la protección de los territorios indígenas se perfilan como asuntos centrales del debate político brasileño, en medio de un Congreso con mayor presencia de sectores favorables a la explotación minera y agroindustrial.
El resultado de la segunda vuelta presidencial será otro elemento determinante, pero organizaciones ambientalistas sostienen que el nuevo equilibrio parlamentario ya representa un desafío para las políticas de conservación, especialmente en un momento en que Brasil enfrenta la presión de proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
