Estados Unidos deportó al menos a 25 mil 447 migrantes hacia terceros países entre enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, según una investigación de Forbidden Stories realizada junto con un consorcio de medios internacionales. Las personas trasladadas no tenían vínculos con varias de las naciones que aceptaron recibirlas.
La investigación señala que el Gobierno estadounidense estableció acuerdos con 35 países para facilitar estas deportaciones y destinó alrededor de 410 millones de dólares para apoyar los retornos, mediante pagos a gobiernos receptores y organismos internacionales. Del total de personas deportadas, unas 20 mil fueron enviadas a México, mientras otras fueron trasladadas a países de América Latina, África y el Pacífico.
Los acuerdos establecen diferentes condiciones, entre ellas las nacionalidades que cada país puede recibir y si acepta a personas con antecedentes penales. La investigación también documentó que Estados Unidos contactó a 49 de las 54 naciones africanas para evaluar su disposición a recibir deportados.
Human Rights Watch ya había documentado el aumento de las deportaciones de nacionales de terceros países hacia México. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas que no eran ciudadanas estadounidenses ni mexicanas, según los datos analizados por la organización.
EE.UU. deporta a 25 mil migrantes a terceros países
La política ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que señalan preocupaciones relacionadas con el debido proceso y las condiciones que enfrentan los deportados en países con los que no mantienen vínculos.
En septiembre, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó preocupación por las muertes registradas bajo custodia migratoria estadounidense. Según declaraciones recogidas durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos, cuatro personas murieron bajo custodia desde junio, elevando a 23 el número de fallecimientos registrados en 2026 hasta ese momento.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la política y sostiene que los terceros países reciben a personas cuyos países de origen no las readmiten. El debate continúa centrado en las condiciones de las deportaciones, la transparencia de los acuerdos y las garantías legales para quienes son enviados fuera de Estados Unidos.
